No somos iguales
Las últimas noticias sobre escándalos por corrupción urbanística han causado perplejidad e irritación entre los ciudadanos. Lo entiendo perfectamente. Yo mismo he sentido bochorno y vergüenza por el cúmulo de "pelotazos" que alcanzan en su responsabilidad a las más altas instituciones de la Comunidad de Madrid y a todos los partidos, incluido el mío.
Los ciudadanos tienen todo el derecho a sentirse defraudados, porque las consecuencias del urbanismo especulativo y corrupto no acaban en el enriquecimiento ilegítimo e ilegal de unos pocos, sino que suponen una grave amenaza para el desarrollo de nuestra región y para el propio bienestar de sus habitantes: encarece el precio de la vivienda, colapsa los servicios públicos, agrava el problema del tráfico y deteriora el medio ambiente.
Comprendo que muchos ciudadanos sientan la tentación de valorar el comportamiento de todos los políticos por igual. Es lógico. Pero, con toda humildad, también tengo que sostener que la generalización es injusta. Hay una responsabilidad compartida en las instituciones y en los partidos que gobernamos en distintos ámbitos de esta región. Pero no todos tenemos la misma responsabilidad, ni el mismo comportamiento y no afrontamos el problema del urbanismo especulativo de la misma manera.
Los responsables políticos honrados, que somos la mayoría, también somos víctimas de los casos de corrupción: como ciudadanos y como políticos, al vernos sumidos en el riesgo del desprestigio a causa del comportamiento delictivo de unos cuantos. Todos los madrileños recuerdan los acontecimientos del verano de 2003, y saben que he sufrido en mi propia piel las consecuencias de un compromiso firme contra la especulación y los "pelotazos" urbanísticos.
Pero no pretendo eludir responsabilidades. Todo lo contrario. Me reafirmo en la convicción de que podemos y debemos vencer a la corrupción urbanística, por muy poderosos que sean sus protagonistas. Desde la política y desde la ética podemos y debemos acabar con el sumidero de las irregularidades y hacer del urbanismo una herramienta al servicio de la calidad de vida de los ciudadanos.
Decididamente, no somos iguales. El PSOE actúa en defensa de un urbanismo decente. Los casos de corrupción que han surgido en nuestras filas, siendo graves, son limitados y excepcionales. Y siempre respondemos de manera contundente y expeditiva, expulsando de nuestras filas a los autores y requiriendo la actuación de la Justicia. De Aldea del Fresno a Ciempozuelos. Así lo haremos siempre.
El urbanismo intensivo, que antepone el negocio de las recalificaciones al interés de la mayoría, forma parte estructural del discurso y la acción del Partido Popular en la Comunidad de Madrid y en muchos de los ayuntamientos donde gobierna. Los casos de irregularidades y de corruptelas en el PP son extraordinarios por su número y dimensión. Y la respuesta del partido que preside Esperanza Aguirre es siempre la de negar, tapar, amparar y facilitar el "pelotazo". De Majadahonda a Villanueva de la Cañada, pasando por Boadilla, Brunete, Torrelodones, Las Rozas, Moralzarzal, Moraleja de Enmedio y un larguísimo etcétera constatado en medios de comunicación y tribunales varios.
Cuando el PSOE comprueba que alguno de sus militantes mantiene comportamientos contrarios a la ley y a la ética, actúa con determinación e higiene democrática. Mientras tanto, el PP mantiene en cargos institucionales y orgánicos a personas de comportamiento tan reprochable y probado como el ex secretario general Ricardo Romero de Tejada -miembro del Consejo de Administración de Caja Madrid-, el ex director general de Urbanismo Enrique Porto -aún responsable territorial del PP madrileño- o el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Partida, -todavía presidente de la Federación de Municipios de Madrid-.
La planificación y ordenación del territorio en la Comunidad de Madrid, sin embargo, requiere de un tratamiento que ha de ir más allá de la respuesta rápida y eficaz a la corrupción urbanística. Hemos de trascender el inevitable juego de los reproches entre partidos y la simple lógica electoralista.
El urbanismo madrileño necesita de un cambio de rumbo. Un modelo de desarrollo sólido, sostenible y justo requiere de una política territorial pensada y aplicada para afrontar importantes necesidades de nuestra sociedad: facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes; garantizar servicios públicos de calidad en los nuevos barrios; asegurar la movilidad y tiempos de desplazamiento razonables; impulsar la actividad económica y el empleo; y preservar el entorno natural, entre otros.
Éste es el objetivo: un urbanismo al servicio del desarrollo sano de Madrid, del bienestar de su gente y del equilibrio medioambiental. Y para alcanzarlo, cinco medidas: una nueva Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid que combata la especulación y promueva la vivienda protegida; un Plan de Estrategia Territorial que determine los usos del suelo en función del interés colectivo y más allá de las presiones de propietarios y promotores de suelo; un Código Ético exigente que garantice transparencia y limpieza en las tramitaciones urbanísticas; un servicio de inspección y disciplina urbanística bien dotado y eficaz; y una estrecha colaboración de las instituciones autonómicas y locales con la Justicia para castigar la corrupción.
Ésta es mi propuesta. Porque no somos iguales.
Rafael Simancas es secretario general del Partido Socialista de Madrid.
