Justicia y los sindicatos ahondan sus diferencias tras el primer día de paro

La primera de las jornadas de paro indefinido convocado por todos los sindicatos en la administración de Justicia se saldó ayer con una brecha mayor entre las dos partes. A la discrepancia sobre el seguimiento de la huelga -para los sindicatos fue del 75% y para el departamento, del 42,35%- se sumó una dura nota de la consejería de Joseba Azkarraga en la que advertía de que no admitirá "ninguna práctica torticera ni engañosa" para maquillar los datos del paro. Los sindicatos tildaron la actitud de Azkarraga de "prepotente e irresponsable".

Se trata de uno de los escasos conflictos sindicales con una convocatoria unitaria firmada por todos los miembros de la mesa sectorial, CC OO, UGT, ELA, LAB y CSIF. Los sindicatos demandan desde hace una década la homologación salarial de los 2.100 trabajadores de los juzgados con los de la administración autonómica. Plantean concretamente una subida del 12% en el complemento específico para igualar sus salarios a los más bajos de los funcionarios autonómicos con similar categoría y horario. La convocatoria de huelga es para los martes miércoles y jueves, días en los que se celebran las vistas orales y por lo tanto se paraliza la principal actividad judicial.

Los sindicatos cifraron ayer el seguimiento de la huelga en el 75% del personal: el 80% en Vizcaya, el 75% en Álava y el 70% en Guipúzcoa. En una nota conjunta, calificaron la jornada de "rotundo éxito". Por su parte, el Departamento de Justicia cifró el seguimiento en un 42,35% de la plantilla. Según sus datos, el paro fue secundado por el 47,02% en Vizcaya, el 41,42% en Álava y el 33,49% en Guipúzcoa.

La huelga obligó a ralentizar, si no paralizar, la vida judicial en Euskadi y suspender numerosos actos, a pesar de los servicios mínimos. En el Registro Civil de Bilbao, de una media de 25 trabajadores, ayer sólo trabajaban cinco. Los juzgados de guardia seguían funcionando, y se llegó a celebrar alguna vista en lo Social, además de los juicios rápidos previstos, ya que formaban parte de los servicios mínimos establecidos por el Gobierno y calificados de excesivos por los sindicatos.

En Getxo, sin embargo se suspendieron todos los juicios. En Guipúzcoa se paralizaron casi todos los juicios y el Registro Civil estuvo paralizado, salvo para las licencias de enterramiento. Para hoy están previstas varias movilizaciones en la plaza del Arriaga, en Bilbao, frente a la sede de EA, partido al que pertenece al consejero Azkarraga, y en los Juzgados de Tolosa, todas a partir de las diez y media.

"Prácticas torticeras"

Sin embargo, la diferencia a la hora de cuantificar el seguimiento del paro sólo fue el primero de los desencuentros de la jornada. El departamento de Azkarraga hizo público un duro comunicado de respuesta ante un supuesto documento enviado por los sindicatos a los trabajadores con "recomendaciones" para tratar de "maquillar" los efectos del paro.

Azkarraga advirtió en la nota que no admitirá, "en el estricto y escrupuloso cumplimiento de las normas, ninguna práctica torticera, engañosa, fraudulenta o equívoca, ni cualquier otra maquinación, que suponga el incumplimiento, quebrantamiento y vulneración del derecho a la huelga y el de los servicios mínimos esenciales señalados al respecto".

Los sindicatos negaron que dichas instrucciones obedecieran al intento de maximizar los efectos del paro con el mínimo coste para los empleados. Alegaron que trataban sólo de "solventar las dudas" sobre la forma de hacer la huelga, algo que "debería haber solventado el departamento a su debido tiempo". A su juicio, con esa nota Justicia lanza "una amenaza velada de que se van a encargar de abrir todo tipo de expedientes disciplinarios, como forma de coacción para hacer fracasar la huelga".

A falta de diálogo, a lo largo de la jornada las dos partes se enzarzaron un intercambio de comunicados sobre la responsabilidad del conflicto y la disposición a negociar. A media tarde, el departamento aseguró que mantenía su propuesta y oferta de negociación sobre los asuntos y cuestiones que "más interesan al personal al servicio de la Administración de Justicia". Según insistieron fuentes de la consejería, Azkarraga convocó a los sindicatos a una reunión el 19 de octubre y su respuesta fue "un preaviso de convocatoria de huelga".

Las centrales desmintieron la existencia de una nueva oferta del Gobierno vasco que pudiera desactivar el conflicto. Mostraron su disposición a seguir negociando, pero sostuvieron que ha sido el Gobierno quien la ha cortado, "como una muestra más de su política neoliberal y de su actitud prepotente e irresponsable".

En una concentración celebrada por los huelguistas ante el Palacio de Justicia de Bilbao y la sede del PNV, la representante de CC OO, Elena Pérez, explicó que las cifras de participación demuestran el éxito de la convocatoria, "a pesar de las medidas de presión que hemos detectado por parte de algunos jueces y secretarios que están vulnerando el derecho a la huelga, y de los excesivos servicios mínimos". Fernando Abad, portavoz del CSIF, apuntó que "no vamos a ceder ninguno de nuestros derechos para seguir siendo funcionarios de segunda".

Por su parte, ocho de los 10 funcionarios del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Barakaldo criticaron en un comunicado el volumen de trabajo extra que les supone esta función, que tienen que compatibilizar con otras tareas judiciales. En este sentido, afirmaron que no han podido secundar la huelga porque no alcanzarían a cumplir los servicios mínimos fijados.