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Pekín asegura que ha castigado a 17.500 funcionarios corruptos en ocho meses

Detenidos dos altos cargos por el escándalo de los fondos de pensiones de Shanghai

El Gobierno chino ha castigado a 17.505 funcionarios entre enero y agosto de 2006 por corrupción, según ha asegurado Jia Chunwang, fiscal general del Estado, durante una conferencia internacional sobre corrupción, que se celebra esta semana en Pekín. Jia ha advertido que si la lacra "no es controlada puede minar la democracia y el gobierno de la ley, y engendrar e incrementar el crimen organizado y el terrorismo", según la agencia estatal Xinhua.

Mientras tanto, el escándalo de los fondos de pensiones de Shanghai sigue extendiéndose. Ling Baoheng y Wu Hongmei, director y subdirector, respectivamente, de la Comisión de Supervisión y Administración de Activos Estatales de la capital económica y financiera china, han sido detenidos y están siendo investigados por su supuesta implicación en el caso del desvío de 3.200 millones de yuanes (320 millones de euros) de los fondos de seguridad social de Shanghai para conceder préstamos e invertirlos de forma ilícita en el sector inmobiliario y otras infraestructuras.

Unos 500 sospechosos han huido del país y han dejado un agujero de 7.064 millones de euros

Chen Liangyu, máximo responsable del Partido Comunista Chino (PCCh) en la ciudad y miembro del Politburó, fue implicado en el escándalo y desprovisto de sus cargos a finales del mes pasado, y hace unos días fue detenido el director de la Oficina Nacional de Estadísticas, en Pekín, Qiu Xiaohua. Qiu fue acusado de "estar envuelto en graves violaciones de la disciplina del partido", la fórmula que suele utilizar el Gobierno para aquellos altos funcionarios que han aceptado sobornos.

La cadena de detenciones ha revelado uno de los mayores escándalos de corrupción de los últimos años, y ha sido percibida como una muestra de afianzamiento en el poder del presidente chino, Hu Jintao. Chen era miembro de la llamada facción de Shanghai, rival de Hu y su círculo.

La campaña ha alcanzado también a Yu Zhifei, director general del circuito de fórmula 1 de Shanghai, quien está siendo investigado porque construyó la instalación deportiva sin el preceptivo permiso de las autoridades centrales, y se sospecha que utilizó el proyecto para empujar al alza el precio del suelo en la zona y beneficiarse de la especulación inmobiliaria. El circuito costó 350 millones de dólares (278 millones de euros). La comisión que dirigían Ling y Wu era responsable de supervisar proyectos ahora bajo escrutinio, entre ellos el circuito automovilístico.

El Gobierno chino está inmerso en una intensa campaña para poner freno a la plaga de corrupción que se ha generado durante el proceso de desarrollo económico lanzado por Deng Xiaoping en 1978. Según Pekín, entre enero de 2003 y agosto pasado, el número de funcionarios sancionados por este motivo ha ascendido a 67.500. "Estas cifras muestran que el país está dispuesto a acabar con la corrupción", dijo Wang Zhenchuan, vicefiscal general. Para los críticos, sólo revelan hasta qué punto se ha propagado el mal en un país en el que entre la población está extendida la idea de que una de las formas de hacerse rico es trabajar para el Gobierno en el puesto adecuado.

La fiscalía no ha dado detalles de qué penas se han aplicado a los castigados por corrupción, pero, en el pasado, los funcionarios han sido encarcelados, y algunos incluso ejecutados, por delitos como robar dinero público o vender licencias para construir proyectos inmobiliarios. Según la policía, 500 personas sospechosas de "graves crímenes económicos", la mayoría empleados del Gobierno, han huido del país, dejando un agujero total de unos 70.000 millones de yuanes (7.064 millones de euros).

Por otro lado, cinco jueces de alto rango han sido detenidos en la ciudad sureña de Shenzhen, acusados de aceptar sobornos o haberlos dado a cambio de promociones, o de dictar veredictos favorables a quienes les pagaban, según el diario de Hong Kong South China Morning Post. Los investigadores encontraron en casa de uno de los jueces 1,2 millones de dólares de Hong Kong (122.000 euros) y 300.000 yuanes (30.100 euros).

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