Pro Derechos Humanos acusa por las torturas en Torrevieja
Se persona en el sumario ante la posible "connivencia política"
La Asociación Pro Derechos Humanos de España (APHDE) ejercerá la acusación popular en las supuestas torturas de policías locales de Torrevieja sobre arrestados. Miguel Ollé, presidente del colectivo, resaltó la gravedad del caso "por la posible connivencia política en los hechos". La juez del caso levantó ayer el secreto del sumario y ratificó la imputación de 12 agentes, dos concejales del PP y un médico.
La titular del Juzgado número 1 de Torrevieja, la magristada Iris Valero, acordó ayer levantar el secreto del sumario que investiga supuestas lesiones y torturas a un inmigrante guatemalteco, detenido en el asalto a la casa de un policía local el pasado 23 de junio.
En paralelo al levantamiento del secreto de las actuaciones, la magistrada también informó de la admisión de la personación de la Asociación Pro Derechos Humanos de España como acusación popular.
El presidente del colectivo solidario, constituido en 1976, subrayó que su iniciativa obedece a un doble motivo: "Por un lado, y siempre a tenor de la información que hemos obtenido a través de los medios de comunicación de las diligencias, por una posible vulneración de los derechos de un detenido, tanto en el apartado de su integridad física como psíquica", dijo Ollé. "Y, por otra parte, por una posible connivencia política en la comisión de los hechos". Ollé aludió de esta forma a la imputación de los dos concejales del PP Hipólito Caro y Pedro Valero, responsables del área de Sanidad y Seguridad, respectivamente.
La juez acordó la imputación de los dos cargos del PP tras constatar que ambos conocían los hechos. De acuerdo con el contenido de unas escuchas telefónicas -intervención del móvil del inspector del cuerpo Manuel Antonio López Vera- el mismo día del arresto del inmigrante colombiano el inspector habló con los dos concejales.
Reventado
Las escuchas también revelaron un intento de los agentes de modificar el atestado y el parte médico. En un pasaje de la conversación de López Vera con el edil Vera, el policía dice textualmente: "El detenido está reventado, y en el atestado no aparece nada de resistencia".
La magistrada instructora mantiene la imputación a los 12 agentes, entre ellos el jefe del cuerpo Alejandro Morer. Todos se encuentran en situación de libertad provisional.
La magistrada, según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, sólo puede acordar como medida cautelar la libertad o prisión de los imputados - en función de la petición del ministerio público- pero no la suspensión cautelar en sus funciones, "ya que ésta sólo se contempla como pena accesoria cuando existe una sentencia condenatoria, circunstancia que no se produce en este caso", precisa una nota del alto tribunal.
Mientras, el Sindicato Profesional de Policía Local de la Comunidad Valenciana exigió ayer a la juez que "agilice" la instrucción. "Su demora en el tiempo no tiene sentido y perjudica a los imputados", precisa una nota del colectivo.
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