Denuncian a la Fiscalía el cobro de un plus durante 12 años por funcionarios de Marbella

Ecologistas en Acción ha denunciado ante la Fiscalía de Málaga que cuatro altos cargos del Ayuntamiento de Marbella, el ex secretario Leopoldo Barrantes, imputado en el caso Malaya, el interventor municipal Juan Antonio Castro, el ex tesorero José Muñoz y el ex oficial mayor Juan Bautista Casanova, percibieron un complemento salarial temporal de 1.000 euros mensuales durante 12 años en concepto de vivienda. "Se trata de funcionarios a los que concedieron prebendas para que miraran para otro lado. Es un colaboracionismo absolutamente deleznable", criticó ayer el portavoz de Ecologistas en Acción, Rafael Ávila.

El cobro irregular fue denunciado en su día por el Tribunal de Cuentas en el Informe de Fiscalización 2000-2001, pero hasta ahora la Fiscalía no ha estudiado el supuesto delito de fraude o malversación de caudales públicos por parte de las corporaciones gilistas. El boyante complemento salarial, que ha reportado casi 180.000 euros al ex secretario municipal Leopoldo Barrantes desde 1992, saltó a los medios hace 15 días pero sin incluir a los anteriores tesorero y oficial mayor, ambos jubilados.

"Denunciamos el plus por traslado, que la misma función pública especifica ha de ser temporal, porque las autoridades judiciales no han actuado pese a que el Tribunal de Cuentas descubrió circunstancias con indicios de delito", censuró Ávila. En el escrito presentado al Ministerio Fiscal el pasado 13 de septiembre, Ecologistas en Acción alude a que "el pago vulnera lo dispuesto en el régimen de las retribuciones de los funcionarios de la Administración Local, que establece que en ningún caso ha derecho a percibir indemnización por casa-habitación". La formación estima en su denuncia que del Informe de Fiscalización del Tribunal de Cuentas puede deducirse que "el Ayuntamiento ha realizado pagos no ajustados a ley a estos funcionarios, que han sido aceptados por los mismos".

Tanto el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes, imputado en el caso Malaya por presuntos tráfico de influencias y prevaricación, como el interventor, Juan Antonio Castro, cobraron por un supuesto traslado de vivienda, a pesar de tener fijada ya su residencia en Marbella y Estepona cuando se incorporaron al cargo. El fallecido Jesús Gil aprobó por decreto este complemento el 31 de marzo de 1994, y la comisión gestora anuló dicha retribución el pasado mayo tras conocer sus abultados salarios, que incluían otros plus de productividad de 2.000 euros, sumado al sueldo bruto de 7.552 euros al mes.

El acuerdo municipal que aprobó el complemento incluyó un informe que establecía dicho plus como "obsoleto", pese a lo cual les fue reconocido a los cuatro funcionarios. "Ese concepto retributivo para casa/habitación quedó obsoleto por parte del Ministerio de Administraciones Públicas, por lo que tan pronto conocimos que se estaba pagando, suprimimos esa percepción económica", recordó ayer la vocal de Personal de la gestora, Josefa López.

"Es una indemnización a la que teníamos derecho para facilitar la movilidad. Ni el interventor ni yo hubiéramos venido de Melilla por menor retribución", aclaró ayer el ex tesorero José Muñoz, a quien fichó Gil en 1994 junto al interventor Juan Antonio Castro. Éste último dijo que la gratificación fue establecida por Gil antes de acceder al cargo.