Barrena denuncia una "operación de acoso" contra la izquierda 'abertzale'

Batasuna reaccionó ayer con indignación ante la ejecución de la orden de la Sala 61 del Tribunal Supremo de inventariar los bienes y enseres de las herriko taberna del País Vasco y Navarra por si se encuentran indicios que las vinculan con la formación ilegalizada. El dirigente Pernando Barrena denunció que se trata de una "nueva operación de acoso contra la izquierda abertzale" a la vez que preguntó al PSOE si "es así como quiere sacar adelante el proceso de paz".

Barrena destacó que las iniciativas de paz "sólo han venido de manera permanente de una de las partes", mientras que el Gobierno no sólo no ha correspondido con medidas de distensión, sino que ha tenido "una actuación irresponsable". El dirigente añadió que los promotores de esta "agresión sin fin" buscan que desde la izquierda abertzale "perdamos los nervios". "Pero no lo van a conseguir", concluyó, "a mayor represión, más iniciativa política por la paz y el derecho de autodeterminación".

Barrena acudió al registro de la herriko taberna del barrio de la Chantrea en Pamplona. A su vez, el histórico Tasio Erkizia trató de presenciar el registro de la de Santutxu, en Bilbao, pero la Guardia Civil se lo denegó. Y permaneció en el exterior, junto al centenar de simpatizantes que se arremolinaron ante el local pasadas las tres de la tarde con pancartas, ikurriñas y panfletos en los que podía leerse: Alde hemendik. Utzi bakean (Fuera de aquí. Dejadnos en paz).

"Organizaciones ilegales"

Por otra parte, desde la campaña electoral catalana en la que participó ayer, Mariano Rajoy declaró que el auto del Supremo debía "hacer reflexionar" al Gobierno porque su contenido "recuerda que Batasuna y ETA son organizaciones ilegales" y que por lo tanto "no se puede negociar políticamente con ellas". Según el líder del PP, la orden de la Sala del Supremo encargada de la ejecución de la sentencia es "la demostración de que por lo menos las instituciones funcionan y de que aquí se cumple la ley".

También se mostró muy crítico con esta medida el consejero de Justicia del Gobierno vasco, Joseba Azkarraga, que se encuentra en un viaje oficial a Argentina. Dijo que "una parte de la Justicia" con sus actuaciones está tratando "continuamente de poner zancadillas en el proceso de paz". Según Azkarraga, este auto, al igual que la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco contra el lehendakari, son "iniciativas que tratan de colapsar el proceso de paz".

Por su parte, Aralar calificó ayer de "grave e irresponsable" la decisión del Supremo y exigió que se ponga fin a estas actuaciones.