Hablando de los que no votan

En el debate entre los candidatos del pasado viernes, uno de los temas en el que más énfasis se puso, pero menos se concretó fue el de la inmigración. Y, curiosamente, se refería a un colectivo que precisamente no vota, pero, cuya masiva y reciente presencia en Cataluña despierta pasiones y contradicciones. Las propias dudas y cautelas que muestran muchas fuerzas políticas al respecto no creo que les permita recoger la invitación que Josep Cuní les brindó para realizar un monográfico al respecto antes del 1 de noviembre.

Podemos, no obstante, hacernos una idea de lo que piensan repasando cómo recogen la cuestión en sus programas. El Partido Popular sitúa el tema en el primer lugar de su programa, significativamente justo antes del epígrafe dedicado a seguridad. Y apunta sin ambages a la integración de los inmigrantes en "nuestro modelo de convivencia", y advierten de que "el límite de sus derechos es, precisamente, la plena defensa de los nuestros". Apuntan a que convendría "diferenciar las políticas sociales de las políticas de inmigración", para evitar que los catalanes vean disminuidos los recursosdestinados a elloss. Y en esa línea proponen la creación de un Departamento de Inmigración que se ocupe del tema de manera segmentada (como de hecho está ocurriendo en la Comunidad de Madrid con centros diferenciados de servicios sociales para inmigrantes).

La coalición CiU insinúa en su programa aspectos que de manera más descarada lanzó su candidato y que generaron todo tipo de reacciones. Si en el programa se menciona un curso de 30 horas de información sobre lengua, cultura, orientación cívica y marco de derechos y deberes, el pasado jueves Mas planteó "incentivos", "estímulos" a los inmigrantes que "voluntariamente" se acojan a un sistema de "créditos" que les permita ir escalando posiciones de ciudadanía, accediendo a "ventajas" y "derechos" que los que no lo hagan sólo adquirirán por antigüedad y nacionalización efectiva. No descartó tampoco crear una consejería específica al respecto. La propuesta de Mas fue avalada por la presencia de personas como Carles Campuzano, Ángel Miret (expertos a los que no había visto defender nada semejante), o del alcalde de Vic, Jacint Codina, que impulsó hace meses cursos de civismo para inmigrantes que les dan derecho al acceso a servicios sociales (en una polémica medida que contó con el apoyo de la Plataforma per Catalunya de Anglada).

El resto de partidos sugieren propuestas, como la Carta de acogida (Esquerra), el pacto nacional por la inmigración (PSC) o una nueva visión de la ciudadanía que la conecte más a la residencia que a la nacionalidad (ICV-EUiA), que en el fondo, con matices significativos, asumen un modelo intercultural, de ciudadanía, que no segmente ni diferencie inmigrantes y "nacionales" en lo referente al acceso a todo tipo de servicios. Tenemos, pues, planteado el tema en torno a varios dilemas: diferenciar o no servicios y acceso a los mismos y condicionar o no ciertos servicios y ventajas a dar "muestras de integración". Lo que está claro es que unos y otros defienden concepciones distintas de ciudadanía. Y eso no es precisamente anecdótico en los tiempos que corren.