Los accidentes laborales causan 116 muertes hasta septiembre, un 4,5% más que en 2005

La Junta, los sindicatos y la patronal han multiplicado en los últimos meses las iniciativas públicas para atajar la siniestralidad laboral. Pero las cifras muestran que para alcanzar ese objetivo la conducta de empresarios y trabajadores es determinante. Y que aún hay demasiados casos en los que trabajar se convierte en una actividad de riesgo. Los últimos datos, suministrados ayer por el consejero de Empleo, Antonio Fernández, indican que las muertes por accidentes laborales no dejan de crecer. Hasta septiembre, según el cómputo de la Junta, hubo 116 fallecidos, cinco más que los que se registraron en los nueve primeros meses de 2005.

Fernández añadió en conferencia de prensa que los siniestros graves sí se redujeron (un 5,2%), mientras que los accidentes leves aumentaron un poco (1,7%), circunstancia que el consejero relacionó con la fuerte incorporación de nuevos trabajadores al mercado laboral. En el análisis de las causas de los accidentes mortales, los datos de Empleo confirman una tendencia ya apuntada en meses anteriores: el notable incremento de los accidentes de tráfico durante la jornada laboral.

En carretera

Las estadísticas ponen números a la preocupación de Empleo: los accidentes laborales en carretera se llevaron la vida de nueve personas más entre enero y septiembre y suponen ya un 25% de los siniestros computados. Fernández indicó que la mayor parte de las víctimas son hombres, entre 21 y 31 años, empleados de pequeñas empresas de transporte.

El consejero indicó que su departamento y la Inspección de Trabajo investigan si las empresas de este sector cumplen "rigurosamente" con las medidas de prevención de riesgos laborales. Y anunció la puesta en marcha de una campaña de sensibilización específica para este sector, además de lanzar la idea de crear una fundación con sindicatos y empresarios, a imagen de la que ya funciona, con buenos resultados, en la construcción. La Junta ya anunció además hace meses la creación de un centro estatal de prevención de riesgos, específico para el transporte en carretera, que estará ubicado en Córdoba.