Economía más social

Se firma hoy el II Pacto Andaluz por la Economía Social entre la Junta de Andalucía, Confederación de Entidades para la Economía Social de Andalucía (Cepes-A), UGT Y CCOO. El anterior concluía en 2004 por lo que su renovación llega con cierto retraso. Con todo, esta iniciativa se ha convertido en un elemento estratégico para la administración pública andaluza que ha encontrado en estas organizaciones un poderoso instrumento para la generación de empleo en actividades y zonas en donde no llega en toda su plenitud la empresa tradicional. Este total apoyo público es el que ha propiciado las reticencias de la CEA poderosa organización que no ve con buenos ojos que otras estructuras empresariales le hagan sombra en el marco institucional de nuestra comunidad. El debate entre empresarios y cooperativas queda superado por la eficacia de éstas últimas que han facturado más del 14% del PIB andaluz. Su importancia es máxima, si se tiene en cuenta, además, su alcance social ya que engloban a miles de autónomos. Son, por tanto, multitud de productores de todos los sectores los que encuentran acomodo en un tipo de entramado legal que posibilita su desarrollo contribuyendo a la creación de riqueza. De ahí que sea lógico pensar que la Consejería de Innovación, de la que dependen estas entidades, trate de mimarles con acuerdos como el que se suscribe esta semana, a pesar de los celos que pueda generar en la patronal que, dicho sea de paso, se beneficia de forma muy sustancial de su correspondiente Acuerdo de Concertación Social cerrado con la Junta y los sindicatos.

Esta llamada "economía social" ha dejado ser un aspecto marginal de nuestra realidad y se ha convertido en uno de los factores más dinamizadores alcanzado todos los sectores. El modelo está resultando acertado, aunque haya algunos de sus integrantes que pretendan hacerse un traje a medida. Es lo que ha sucedido con COVAP, una de las cooperativas más importantes de Andalucía y cuyo consejo rector ha cosechado un estruendoso fracaso en su intento de transformarla en una sociedad anónima mixta, como pretendía su presidente, Tomás Aránguez. Las juntas previas a la asamblea general del próximo 12 de noviembre han rechazo tal posibilidad lo que deja en muy mal lugar a sus promotores. Tampoco queda bien parado Antonio Luque, director gerente de Hojiblanca, una de las mayores cooperativas aceiteras del país. Ha reconocido que ha realizado importaciones masivas de aceite de Túnez en contra de los intereses de los cooperativistas. Son movimientos de calado que conviene no perder de vista por la trascendencia que pudieran tener ahora que se renuevan los compromisos de ayudas a estas empresas de economía social.