22 familias de víctimas del accidente del metro piden responsabilidades en el juzgado

En la causa abierta por el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia por el accidente de metro del pasado 3 de julio, en el que murieron 43 personas, se han personado ya 22 familias. Están también personados Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) y la compañía aseguradora Zúrich. La mayoría de los afectados se ha sumado a la causa hace pocas semanas, una vez se conoció la intención de la Generalitat de pactar con una decena de víctimas, las entonces personadas, una indemnización igual a la que recoge el fallo del caso Biescas, lo que suponía una discriminación para los no personados.

La Generalitat intentó cerrar indemnizaciones para evitar que siguiera vivo el proceso

Se han cumplido 100 días del trágico accidente del metro de la línea 1 de Valencia que a las 13.00 del 3 de julio pasado costó la vida a 43 pasajeros. Aquel mismo día abrió una investigación la titular del Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia. Las víctimas, a las que la Administración prometió todo tipo de ayudas, aún están a la espera de recibirlas. La investigación que debe aclarar qué ocurrió exactamente para que el convoy que circulaba en dirección sur entre las estaciones de Plaza de España y Jesús descarrilara discurre a paso lento. La juez ha recibido ya los informes de la policía científica, de bomberos, de FGV, de los forenses. Aún están pendientes, entre otros importantes, los informes encargados a los expertos universitarios en tendidos ferroviarios. Y hasta entonces, según fuentes de la fiscalía de Valencia, no se pronunciará la fiscal del caso sobre la posición que tomará el ministerio público.

Entre tanto, son ya 22 las familias de víctimas del accidente personadas en el procedimiento, además de FGV y la aseguradora Zúrich, según fuentes del Tribunal Superior de Justicia. La mayoría de esas incorporaciones como acusaciones particulares en la causa se ha producido en las últimas semanas. Hasta entonces, apenas una decena había dado ese paso. Un hecho ha impulsado esa explícita petición de responsabilidades ante el juzgado: las ofertas de las indemnizaciones hechas por la Generalitat.

La Administración autonómica se comprometió tras el terrible accidente a abonar con la mayor brevedad a los afectados las cantidades que al menos se desprenden del seguro obligatorio (unos 36.000 euros por fallecimiento, según fuentes de las acusaciones). Pero además, inició negociaciones el pasado mes de agosto con la decena de familias que ya se habían personado en la causa. Y a esos afectados fue a los que les ofreció como indemnización la misma que fijó recientemente la Audiencia Nacional en el caso de la riada de Biescas, que se tragó un cámping. Ese fallo judicial establece 180.000 euros por fallecimiento. Pero esa resolución sólo afecta a quienes estaban personados en la causa. Por tanto, la Generalitat ofrecía esa cantidad a las víctimas que ya se habían personado en el juzgado. No así a las demás. Fue poco después de conocer, a mediados de septiembre, esa estrategia de la Administración cuando se aceleraron las personaciones, hasta llegar esta semana pasada a 22, entre ellas, varias víctimas con lesiones graves en el accidente.

Los afectados no quieren discriminación, ni renunciar a la vía penal. Sin embargo, la Administración evitaría una condena si lograra que las víctimas aceptaran su cheque y retiraran la acusación. En este caso, como en el de Biescas, está detrás la responsabilidad de la Administración en la medida en que pudiera concluirse de lo actuado que el accidente, como ya han apuntado técnicos varios, pudo haberse evitado.