Los empresarios piden más agilidad para el plan de restauración de las canteras

Los empresarios de las canteras de Alhaurín de la Torre (Málaga), reclamaron ayer al Ayuntamiento de la localidad y a la Junta de Andalucía que agilicen los trámites administrativos para que el Plan Especial de Restauración y Reforestación de los yacimientos sea aprobado antes de un mes. Con esta medida, consideran los industriales se podría paliar el impacto del auto judicial recibido el pasado miércoles que les impide vender el árido que habían acopiado antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía decretara la suspensión de la actividad extractiva de las canteras en diciembre de 2005.

Las cuatro minas a cielo abierto afectadas por el cierre disponen de material para abastecer al mercado durante aproximadamente treinta días, según Germán Carrasco, portavoz de las empresas dueñas de las canteras. "Si el plan de restauración no está terminado antes de un mes habrá una situación de conflictividad, ya que ninguna empresa va a mantener puestos de trabajo donde una actividad ha terminado", aseguró el representante empresarial. Otro impacto de la falta de abastecimiento de áridos para la construcción y las obras públicas será, según los empresarios, la paralización de los grandes proyectos de infraestructuras de la provincia de Málaga, como el metro, el soterramiento del AVE o la ampliación del aeropuerto.

El plan de restauración, permitirá, según los empresarios, extraer mineral para estabilizar los taludes. Este material, unas cinco millones de toneladas anuales, se podrá comercializar, lo que durante siete años permitirá que no se paren las obras mientras se busca una fuente alternativa de mineral.

El auto del juzgado de lo contencioso número cuatro de Málaga establece la posibilidad de que las canteras trabajen con material traído de otros yacimientos. Esta solución no es válida para los empresarios, que calculan que eso supondría un sobrecoste de transporte de seis céntimos de euro por tonelada y kilómetro. "Traer de fuera la producción actual, que es de diez millones de toneladas repercutiría en unos 60 millones de euros". El secretario general de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, se quejó de que "la economía malagueña no puede estar permanentemente en esta incertidumbre" sobre el abastecimiento de la materia prima para la construcción.