CiU propone un carné por puntos para que los inmigrantes accedan a servicios sociales

Los discursos políticamente correctos han tocado fondo en lo que a los inmigrantes extracomunitarios se refiere. Tras ser argumento de la precampaña electoral catalana, ayer, cuarto día de la campaña, la inmigración salió nuevamente a colación de la mano de Convergència i Unió. La federación nacionalista propone una especie de cartilla voluntaria, aseguran, en la que el inmigrante vaya sumando puntos si quiere acceder a determinados servicios sociales. El líder de CiU, Artur Mas, no especificó qué derechos adicionales conseguiría el inmigrante gracias a ese singular carné por puntos.

La lepenización de los espíritus, tal como se conoce en Francia al endurecimiento del discurso político transversal sobre la inmigración, ha asomado en la campaña electoral catalana, recuerda la socióloga especialista Mònica Nadal. Ayer, ese estado de ánimo afloró a través de CiU, que en conferencia de prensa y sin precisiones, mezcló elementos dispares como contrato de trabajo, nacionalidad o permiso de residencia para mantener viva la llama de un asunto que preocupa a la opinión pública, según señalan todos los sondeos.

En Cataluña hay siete millones de habitantes, de los que 940.000 personas proceden de la inmigración. En las pasadas elecciones de 2003 esa cifra se reducía a la mitad. Por eso no es de extrañar que el argumento, que agita indistintamente la derecha o la izquierda, haya salido ya desde la precampaña. El líder de Esquerra Republicana, Josep Lluís Carod Rovira, aseguraba hace unas semanas que Cataluña "no puede pagar la Seguridad Social de África". Y el propio candidato socialista, José Montilla, alertaba sobre la saturación de los servicios sociales y agregaba que la capacidad de acogida de Cataluña "está prácticamente al límite".

Las encuestas y los estrategas subrayan que los partidos que quieran mantener la llamada centralidad política deben expresarse con contundencia ante el fenómeno migratorio. No hay que olvidar que el Gobierno central retiró a finales de agosto, a dos semanas de su presentación, la proposición suscrita por PSOE e IU-ICV para que los inmigrantes pudieran votar en las municipales. La crisis de los cayucos, entonces en su apogeo, y la proximidad de las elecciones catalanas recomendaron guardar esa propuesta para después de los comicios autonómicos, pues podría resultar negativo para los intereses del PSC.

Los partidos catalanes -excepto Iniciativa-Esquerra Unida- compiten desde entonces en dureza para aplicar cada vez medidas más restrictivas. Ayer, CiU subió un peldaño más en esa escalada que no hace precisamente ostentación de argumentos. El líder de la federación nacionalista, Artur Mas, expuso un sistema de créditos o puntos que las personas recién llegadas, de forma voluntaria, podrían ir acumulando a medida que demuestren su arraigo en Cataluña. Por ejemplo, asistir a cursos de catalán o disponer de un contrato laboral en origen sumaría puntos. A cambio, el inmigrante se beneficiaría de más servicios sociales y ayudas públicas por parte de la Administración. Educación y sanidad continuarían siendo universales, es decir, cubriría también a los inmigrantes no regularizados.

Mas no especificó qué derechos adicionales conseguiría como contrapartida un inmigrante, pero fuentes de la federación señalaron que el modelo que se persigue es similar al que piensa poner en marcha el Gobierno alemán. El Ejecutivo de Angela Merkel está elaborando una ley, consensuada entre los 16 Estados federados, para imponer un cursillo de lengua y cultura alemanas a los inmigrantes que pretendan obtener la nacionalidad. Es decir, CiU propone que se apliquen medidas similares a las que en Alemania dan acceso a la nacionalidad para personas que en Cataluña no tendrán siquiera derecho de voto. "Las costumbres, lengua, valores y cultura de Cataluña han de ser los referentes para la integración de los ciudadanos extranjeros", apuntó ayer Mas, arropado por un grupo de una docena de inmigrantes.

"La persona que llegue a Cataluña tiene que saber adónde va y que existen unos principios constitucionales y unas leyes, por ejemplo la asistencia obligatoria hasta los 16 años o la protección de los derechos de la mujer", añadió.