La Junta pagará antigüedad a unos 6.000 profesores de la concertada

Unos 6.000 profesores se beneficiarán del nuevo acuerdo que firmaron ayer la consejera de Educación, Cándida Martínez, y los representantes de los grupos sindicales, FETE-UGT, FSIE, USO y CC OO y de las organizaciones patronales y de titulares, Educación y Gestión-Andalucía, FERE-Andalucía, CECE, ACES y SAFA.

El documento garantiza el abono de la paga de antigüedad para los docentes de los centros concertados que hayan cumplido, al menos, los 25 años trabajados durante el periodo de vigencia del acuerdo -2007-2009-, según establece el cuarto convenio colectivo del sector. "Así, se terminarán, por fin, los litigios legales emprendidos por numerosos profesores desde hace cinco años", explica Juan Carlos Hidalgo, Secretario General de FETE-UG en Sevilla.

Aquellos con más antigüedad en la empresa o que hayan acudido a los juzgados y renuncien a este recurso, serán los que tengan prioridad a la hora de percibir esta paga, que de media asciende a unos 10.000 euros.

Los pagos se abonarán en función de los quinquenios trabajados. Para ello, la Junta de Andalucía ha previsto un presupuesto de unos 60 millones de euros, aunque el documento firmado no establece cifras, sino procedimientos. "Hay gente jubilada ya que tiene derecho a cobrar estas pagas. Incluso, hay personas ya ha fallecidas, cuyas familias percibirán el complemento por antigüedad", explica Hidalgo.

Acuerdo europeo

Según el secretario general, el acuerdo firmado en el año 2000 por la Patronal, USO y FSIE originó esta problemática: "Entonces, la UE obligaba a las empresas a dar un premio de jubilación. La paga por antigüedad se concibió como parte salarial y, por tanto, las empresas de los centros parcialmente sostenidos por fondos públicos responsabilizaron a la Consejería de su abono. Como no se contó con la Administración para esta decisión, ésta no pagaba, pues no se hacía responsable de algo que no había firmado, y se encontró con centenares de juicios en su contra", relata Hidalgo.

En marzo de 2006 se reunieron representantes de CC OO, UGT y CEA, después de que muchos docentes acudieran a la vía judicial para solucionar su situación y que tanto las empresas como la Administración fueran sancionadas por la exención de los pagos. De ese encuentro surgió la exigencia a la Consejería de Educación para encontrar una solución.

"El problema radicaba en que muchos centros no podían pagar por falta de dinero", prosigue Hidalgo, que se refiere a centros poco potentes económicamente como "las pequeñas cooperativas". No obstante, la mayoría de los colegios concertados son "católicos" y "pueden asumir más gastos", aclara el responsable.

Los sindicatos negocian ahora en Madrid un nuevo convenio colectivo con el que está previsto que cambie el concepto de paga por el de premio de jubilación.