Un juez prohíbe a las canteras de Alhaurín vender el árido acopiado antes de que el TSJA ordenara el cierre

El conflicto originado por el cierre judicial de las canteras de Alhaurín de la Torre (Málaga) se ha reabierto después de que un juzgado de lo contencioso de Málaga haya prohibido a los cuatro yacimientos afectados vender el mineral que habían acopiado antes de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)decretara su cierre en diciembre de 2005.

Las canteras, que producen alrededor del 75% de los áridos necesarios para las distintas obras públicas y privadas de la provincia de Málaga, disponen, según las empresas que las explotan, de material para unos 20 días más. Después de ese plazo, los tajos malagueños podrían sufrir problemas de abastecimiento.

El juzgado contencioso número cuatro de la capital malagueña, responde en dos resoluciones a sendos recursos presentados por asociaciones ecologistas contra la actividad de las canteras. El juez considera que la recogida del mineral, su machaqueo y su comercialización entra dentro de la actividad extractiva prohibida por el alto tribunal andaluz. Los yacimientos Retamero, Pinos de Alhaurín, El Troconal y Taralpe vendían estaban vendiendo el árido acopiado mientras se aprobaba el plan de restauración de las canteras, acordado el pasado 13 de enero tras la huelga que paralizó los yacimientos durante un mes en protesta contra la prohibición de la actividad extractiva.

La orden judicial, recurrida por las empresas dueñas de las canteras, deja abierta la posibilidad de que las compañías vendan el árido acumulado antes del cierre junto a la planta de tratamiento -material que se agotaría en unos 20 días- o comerciar con áridos comprados a otras empresas, lo que encarecería su coste debido al transporte. Estas condiciones suponen una paralización de hecho de la actividad de las canteras.

Según la Plataforma en Defensa de la Salud y de la Sierra, promotora de los recursos contra las canteras, una de las resoluciones judiciales establece la imposibilidad de extraer mineral durante los trabajos de restauración. La concejala de IU en Alhaurín de la Torre Mercedes Ávila aseguró que "el supuesto plan de restauración no es más que un plan encubierto para la extracción de más de 170 millones de toneladas de áridos".

Tanto la Plataforma como IU reclamaron ayer la dimisión de la delegada en Málaga de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, María Gámez, de quien depende la actividad minera en la provincia. El coordinador provincial de la coalición de izquierdas, José Antonio Castro, acusó a la delegada de "dar cobertura a los empresarios para que eludieran la sentencia del TSJA" con los acuerdos del 13 de enero, que permitían la venta del material acopiado.

Por su parte, la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga reclamó a las administraciones que agilicen el plan de restauración y que el cierre "no se extienda" a otras canteras.