El Poder Judicial nombra por consenso a tres jueces para el Supremo

Los vocales conservadores y progresistas del Consejo del Poder Judicial alcanzaron ayer un acuerdo para cubrir las tres plazas vacantes que había (una de ellas desde hace un año) en la Sala de lo Social del Tribunal Supremo. El pleno del órgano de gobierno de los jueces ratificó, por otro lado, lo que ya decidió el pasado 10 de octubre su comisión permanente: no amparar al juez Garzón en relación con los peritos del caso del ácido bórico.

La tarde del martes hubo intensas negociaciones entre los dos grandes sectores del Poder Judicial para consensuar algo que por la mañana parecía imposible: cubrir las tres plazas vacantes de la Sala de lo Social. Las gestiones, entre otros, del vocal independiente Agustín Azparren con sus colegas dieron finalmente fruto. Aún así, en un caso hubo que realizar hasta cuatro votaciones.

Para cubrir las vacantes dejadas por los magistrados Pablo Manuel Cachón, Luis Ramón Martínez y Juan Francisco García fueron designados: María Luisa Segoviano (hasta ahora presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León), Rosa María Virolés (magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Cataluña), y José Manuel López (de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Andalucía).

Las dos nuevas magistradas fueron una apuesta consensuada de los vocales de la minoría, mientras que José Manuel López lo fue del sector conservador. Ya son seis las mujeres que forman parte del Supremo. La vocal progresista Monserrat Comas elogió la incorporación al Supremo de otras dos mujeres. "Me alegro", explicó, "que dos magistradas con méritos y capacidad hayan obtenido la confianza de la mayoría de los vocales, teniendo en cuenta el desequilibrio que comporta que de 97 magistrados del Supremo hasta el momento sólo cuatro fueran mujeres". Nombrar a un magistrado del Supremo o de un tribunal superior requiere el voto de las tres quintas partes del pleno del Consejo, de acuerdo con la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Dada la actual correlación de fuerzas, todos están obligados a negociar. El portavoz del Consejo, Enrique López, se congratuló del acuerdo y subrayó que ambas magistradas "no están asociadas". Sí lo está José Manuel López, a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura. El portavoz del Consejo expresó su deseo de que haya nuevas aproximaciones que permitan cubrir altos puestos aún vacantes: tres en la Sala Quinta de lo Militar (dos de ellas pertenecen al Ministerio de Defensa) y otras tres para la Sala de lo Penal (dos) y Contencioso-Administrativo (una), así como la presidencia del Tribunal Superior de Galicia.

Otro de los puntos tratados fue si el pleno del Consejo ratificaba lo hecho por su comisión permanente el 10 de octubre, la cual acordó no amparar al juez Garzón ante el aluvión de críticas que ha recibido tras imputar a los peritos que relacionaron el 11-M y ETA. La negativa a dar amparo a Garzón fue ratificada por 10 votos a favor -los del presidente, Francisco José Hernando, y los nueve vocales de la mayoría conservadora- y siete en contra. Garzón pidió amparo, no sólo por los ataques vertidos contra él en distintos medios de comunicación en el marco de sus pesquisas sobre los informes del ácido bórico, sino también por la actitud del vocal del Consejo propuesto por el PP José Luis Requero, quien ayer retiró una propuesta para que los jueces puedan objetar ante la inscripción de los matrimonios homosexuales.