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Un alto cargo admite que puede convenir un cambio en la legislación presupuestaria

El director de la Oficina de Control Económico del Gobierno, Javier Losa, dependiente del Departamento de Hacienda que dirige la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, admitió ayer ante la ponencia parlamentaria que estudia una posible modificación de la legislación presupuestaria que ésta puede resultar conveniente y posible en algunos extremos. Losa reconoció que las excepcionalidades que el Gobierno introduce cada año en los proyectos de ley de presupuestos, y que suelen repetirse y afectar a los mismos artículos de la Ley de Régimen Presupuestario, podrían regularse dentro de esta norma.

La oposición vienen criticando la reiteración de esas salvedades año tras año. La iniciativa del PSE que dio origen a la creación de la ponencia, pese al voto en contra de los grupos del Gobierno, cifraba esas actuaciones en "al menos diez", según señaló el portavoz del PSE, José Antonio Pastor, al presentar en febrero la propuesta de crear el grupo de trabajo. El parlamentario popular Antón Damborenea eleva ese número y señaló ayer a este periódico que "las excepcionalidades empezaron siendo siete u ocho y ahora pasan de veinte".

La ponencia ha tardado siete meses en echar a andar y ayer celebró su segunda reunión, con la comparecencia de Losa y la postergación de la que estaba prevista de la presidenta del Tribunal de Cuentas, María Asunción Macho, de baja desde hace dos meses. Macho ya debió ser sustituida recientemente en la explicación del informe de la Cuenta de 2004 por el vicepresidente del órgano auditor, Jesús Álvarez, pero ayer tampoco éste pudo comparecer por encontrarse también de baja.

Acortar plazos

La ley que regula el Tribunal de Cuentas no prevé tal contingencia, por lo que este órgano se encuentra actualmente sin dirección ni representación. El popular Damborenea y la socialista Joana Madrigal mostraron a este periódico su preocupación por esta situación. Entre otras cosas, está impidiendo la apertura del diálogo entre el Tribunal de Cuentas y la Cámara, pedido por la propia Macho, para solventar diferencias planteadas entre ambas instituciones.

El director de la Oficina de Control Económico del Gobierno, Javier Josa, discrepó sin embargo, de la posibilidad de acortar los plazos de entrega de las liquidaciones de los presupuestos, "dada de la complejidad y volumen de las cuentas a rendir en la liquidación de los presupuestos", según señalaron a este periódico fuentes de Hacienda.

La oposición, por contra, sostiene que con las tecnologías actuales son posibles adelantos sustanciales. Pretende que la liquidación presupuestaria del ejercicio ya cerrado (en este caso 2005) se le entregue y sea analizada en el Parlamento antes de que el Gobierno presente el nuevo proyecto de presupuestos (ahora va incorporada a él).

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