Talando la ley

Cayeron 3.000 pinos. Talados impunemente en un refugio protegido de cigüeñas negras en la sierra de Ávila. Un constructor, con permiso y apoyo de la Junta de Castilla y León y del Ayuntamiento de Las Navas del Marqués, inició la tala para levantar su urbanización pese a que el Tribunal Superior de Justicia lo había impedido. Su objetivo, construir en el espacio protegido 1.600 chalés y cuatro campos de golf a costa de 35.000 pinos. Así se gestó uno de los mayores atentados ambientales de España, según los ecologistas, y en cuya tramitación se observa un acuerdo total entre las administraciones y el promotor años antes de iniciar los trámites ambientales.

Nada podía salir mal. Nadie podía paralizar la Ciudad del Golf, una gran urbanización en un bello pinar de la sierra de Guadarrama, en Ávila pero pegado a Madrid. El alcalde de Las Navas del Marqués, Gerardo Pérez, del PP, pactó en 1999 con el Banco Santander, propietario de Unión Resinera, la compra de 7.000 hectáreas de monte del pueblo por nueve millones de euros que saldrían de una recalificación de 95 hectáreas de pinar para hacer una urbanización. Para el banco no era suficiente: la Junta podía frenar la urbanización, así que ésta entró en la operación.

Y lo hizo sin problemas. La Consejería de Medio Ambiente, que dirige Carlos Fernández Carriedo, entró con el 20% de la sociedad pública Montes de las Navas, SA. El Ayuntamiento se quedó con el 70% y la Diputación, el 10%. En 2001 buscaron a un constructor para urbanizar el pinar. Según un acta del consejo de administración, "a principios de julio se tuvieron los primeros contactos con una empresa levantina interesada en la adquisición de los terrenos para la construcción de un campo de golf, un hotel y viviendas". Tal empresa, Residencial Aguas Nuevas, firmó con Montes de las Navas un documento en el que la primera mostraba "su intención de adquirir 95 hectáreas de pinar por 9,157 millones de euros". Aguas Nuevas es propiedad de Francisco Gómez, El Paloma, constructor alicantino y presidente del Cartagena Club de Fútbol. Un consejero de la empresa dijo que había contactado con Vallehermoso y Reocisa, entre otras promotoras, y que no estaban interesadas en la operación.

En ese momento, 26 de noviembre de 2001, intervino un hombre clave, Sebastián González, número dos del PP de Ávila, presidente de la Diputación y de Caja de Ávila y hoy secretario de organización del PP. Éste preguntó "si no sería conveniente ralentizar el proceso de la venta de los terrenos pidiendo informes de viabilidad urbanísticos y medioambientales". El alcalde se opuso, preocupado por "si se retrasa el proyecto, se promueve licitación pública y la empresa considera que es una maniobra y no mantiene su oferta". No quería sacar a subasta el solar público, sino vendérselo directamente a la empresa con la que lo pactó. Así, altos cargos de la Junta y el Ayuntamiento decidieron la edificabilidad de un suelo de alto valor ecológico y se comprometieron a urbanizarlo antes de iniciar los trámites ambientales. Pérez explicó la semana pasada que "todo el mundo estaba de acuerdo con la operación", que los campos de golf previstos son "buenos para el monte, ya que se trata de zona verde" y que él quería crear "un pulmón verde" con los chalés y el golf, y crear empleo.

Al final, el solar salió a subasta y, lógico, se lo quedó la empresa que diseñó la urbanización. El solar era ya de 215 hectáreas (de las cuales el municipio sólo había recalificado la mitad). Más del doble pero casi el mismo precio, como una oferta del dos por uno. Corría febrero de 2002 y en julio, cuando se firmó la escritura, el constructor introdujo una cláusula por la cual, si el terreno no estaba recalificado en dos años, la empresa pública le indemnizaría. Nada podía ir mal.

Como estaba pactado, la declaración de impacto ambiental salió antes de cumplirse dos años de la escritura. La Consejería de Medio Ambiente autorizaba talar 35.000 pinos maduros, a cambio de reforestar una superficie similar y urbanizar en un área crítica para la cigüeña negra a cambio de financiar estudios sobre ésta.

Pero fue mal. Un vecino enfadado porque no le recalificaron un terreno fue a los tribunales y, contra todo pronóstico, el Tribunal Superior de Justicia le dio la razón a él y un varapalo a la Administración. Por urbanizar un monte en vez de la zona a reforestar, contravenir el decreto autonómico de protección de la cigüeña negra e ignorar las leyes ambientales en un proyecto sin interés público. Pero como el vecino no iba a pedir que se ejecutara la sentencia (si lo hiciera su finca quedaría protegida) el fallo quedó en el limbo. El Paloma aprovechó y comenzó a talar. Así, si algún día tenía que ejecutar la sentencia, sería imposible porque no habría pinar.

Sólo la actuación de los ecologistas de Centaurea, SEO/Birdlife, Amigos de la Tierra o WWF/Adena, entre otras asociaciones, sirvió para frenar la tala. Eso y que el fiscal de Medio Ambiente, Antonio Vercher, recordó al alcalde que podía incurrir en responsabilidades penales si no hacía cumplir la sentencia. Ayer, además, cerca de 400 vecinos se manifestaron en contra del desaguisado. Eso ha salvado, de momento, el pinar. De momento: El Paloma ya dijo que cuando todo se calme puede volver a la tala.