Desgobierno judicial

EL PASADO MARTES, LA MAYORÍA de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) negaba por segunda vez amparo a Garzón frente a las descalificaciones y acusaciones perturbadoras de su independencia recibidas después de hacerse cargo -a iniciativa de la fiscalía- del caso del ácido bórico, pretendido indicio probatorio de la vinculación de ETA con el 11-M. El juez de la Audiencia Nacional instruye el sumario donde figura Hassan El Haski -supuesto eslabón de la conexión bórica del terrorismo islamista con unos etarras detenidos en 2001 en Salamanca- como coautor del atentado de Casablanca de 2003, antes de ser procesado por la matanza de Atocha. Al igual que había ocurrido el pasado 3 de octubre a propósito del mismo amparo denegado, el presidente del CGPJ decidió la votación -tres contra dos- al deshacer el empate existente entre los vocales elegidos por los grupos parlamentarios del PP y del PSOE.

El mismo día en que el órgano de gobierno de la magistratura rechazaba su petición de amparo, Garzón dictaba un auto con datos relevantes sobre la manipulación política del caso del ácido bórico

Aunque el desempeño del CGPJ nunca haya sido satisfactorio, el órgano de gobierno de la magistratura elegido en octubre 2001 por un Parlamento con mayoría absoluta del PP ha llevado hasta sus más extremas consecuencias la transformación de una institución suprapartidista de rango constitucional en un aparato de poder sectariamente politizado. Según el espíritu de la Constitución, tanto los 20 vocales del CGPJ (12 de ellos preseleccionados por las asociaciones de jueces y magistrados), designados por los tres quintos de las Cámaras, como el presidente del CGPJ, elegido posteriormente en su seno, no deben obediencia a los partidos o a las asociaciones que los nombraron o propusieron sino al imperio de la ley y a la lógica jurídica. En la práctica, sin embargo, la actual mayoría del CGPJ con el presidente a la cabeza- designada en tiempos de Aznar- es una máquina de guerra partidista que ejecuta sin recato las estrategias del PP; aunque su mandato expira legalmente antes de fin de año, el obstruccionismo del PP -sus votos son indispensables para la renovación quinquenal- permitiría al CGPJ elegido en 2001 prorrogar su actividad en funciones sin plazos.

En esa acelerada carrera hacia la degradación de la autoridad institucional del CGPJ y el falseamiento de sus deberes constitucionales, los sofismas han sustituido a los argumentos y la tergiversación al razonamiento en la motivación de sus decisiones. Las excusas utilizadas el 3 octubre pasado por la Comisión Permanente para negar el amparo a Garzón adujeron tanto la inexistencia de una solicitud formal del interesado como la notificación del consejero Requero al servicio de inspección de supuestos malos tratos inferidos por el instructor a tres testigos. Pero esos pretextos ya no valían el 10 de octubre: si el afectado había pedido el amparo por escrito, los fiscales y la secretaria judicial habían avalado la corrección de los interrogatorios del juez. Como un náufrago aferrado a un pecio, la mayoría de la Comisión Permanente se abraza ahora al argumento de que Garzón había declinado su competencia sobre un eventual delito de falsedad pero finge ignorar que continuaba investigando como instructor la cuestión de si el ácido bórico en poder de Hassan El Haski es o no una sustancia explosiva; la resolución sólo exhorta a los críticos de los jueces -con azúcar es peor- a que respeten "unos mínimos cánones de racionalidad y prudencia"

Poco después de que la Comisión Permanente le negara por segunda vez amparo frente a la brutal campaña desatada contra su independencia por los diputados y periodistas fabricantes y difusores de la teoría de la conspiración, Garzón dictaba un auto demostrando con datos abrumadores que el caso del ácido bórico ha sido una manipulación política dirigida a "generar una apariencia sin sustento real alguno" capaz de vincular a ETA con el atentado de Atocha. Se diría que la pasividad cómplice del CGPJ con los linchadores políticos y mediáticos de Garzón pretende -en sintonía con el PP- mantener vivas las insidias en torno a la investigación policial, fiscal y judicial del 11-M y atizar la sospecha de que Gobierno maniobra en la oscuridad para impedir que se llegue a saber la verdad sobre la matanza.