Medio Ambiente inicia un programa de compra pública, ética y sostenible

La Junta busca realizar los contratos con criterios sociales, ecológicos y solidarios

La Consejería de Medio Ambiente inició ayer el programa de compra pública, ética y sostenible para incluir la adquisición "responsable" de productos en la Administración. La consejería señaló, en un comunicado, que quiere convertirse en "una de las primeras administraciones en integrar criterios sociales, ecológicos y solidarios en los contratos administrativos, con el fin de contribuir a que las instituciones públicas se transformen en agentes de desarrollo sostenible".

De esta forma, la Consejería de Medio Ambiente anunció que el programa comprende diversas actividades formativas y de difusión que contribuyen a "motivar y sensibilizar" a las administraciones, empresas públicas, municipios y universidades en la compra responsable.

En concreto, el departamento que dirige la consejera Fuensanta Coves informó de que este tipo de compra pretende "integrar el respeto al medio ambiente y los valores éticos y solidarios en todas las etapas del procedimiento de contratación con el objetivo de reducir la degradación medioambiental y la desigualdad social".

Entre los grupos de productos seleccionados en el programa iniciado por la Consejería de Medio Ambiente figuran los siguientes: útiles y servicio de limpieza; los equipos ofimáticos; el papel y sus derivados; el mobiliario y el material de oficina; los materiales promocionales; y los textiles y uniformes de trabajo.

Productividad

Además, el grupo de productos relacionados con el sector de la alimentación también está dentro de la compra sostenible, ya que, en muchos casos, los productos utilizan técnicas intensivas buscando aumentar la productividad, "lo que daña de forma irreversible al medio ambiente y merma la calidad del producto".

En la actualidad, además de la comunidad autónoma andaluza, hay otras administraciones que están desarrollando acciones de compra pública, ética y sostenible, como es el caso de los Gobiernos de Aragón y País Vasco y los ayuntamientos de Barcelona y Pamplona.

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