El Gobierno inicia las expropiaciones para una autopista cuya concesión se otorgó en 1995

Todo llega si se sabe esperar. Es el caso del tramo Tordera-Palafolls de la autopista C-32. La prolongación de esta autopista de peaje fue aprobada por el Ministerio de Obras Públicas el 24 de marzo de 1995. Tres meses después, la vía fue traspasada al Gobierno de la Generalitat y la ampliación, a la que se oponía un sector del territorio, empezó a dormir en los cajones de técnicos y políticos. Hasta ahora. El Departamento de Política Territorial inició ayer los trámites para las expropiaciones, de modo que las obras puedan empezar a principios del próximo año.

La prolongación de la C-32 era una de esas obras que nadie parecía querer, pese a que abre la vía a prolongar las autopistas hacia la Costa Brava y a enlazar la C-32 con la AP-7. Pero topaba con la oposición del campesinado de la zona y, también, de algunos ayuntamientos que veían con preocupación que se hiciera esta obra de cuatro carriles al mismo tiempo que se desdoblaba la carretera nacional II en la misma zona. Finalmente, se ha llegado a un principio de acuerdo por el que el trazado de la N-II se hace coincidir, en parte, con la ampliación de la autopista.

A partir de ese acuerdo, el Gobierno catalán ha iniciado ya los trámites para proceder a las expropiaciones de los terrenos afectados. Uno de los motivos esgrimidos por ACESA (empresa concesionaria) para no hacer la obra era, precisamente, que no disponía de los terrenos. En algún momento, la empresa de autopistas sugirió que incluso podría demandar al Gobierno catalán por los años de explotación perdidos, porque, según aseguró ayer un portavoz de Política Territorial, pese a que las obras se harán 12 años después de la concesión, el plazo de ésta no se prolongará y terminará, con el resto de la C-32, en el año 2021.

El importe de las obras asciende a unos 23 millones de euros, porque el tramo que se ampliará no es demasiado largo: 3,5 kilómetros, los que van desde el final de la autopista existente hasta la carretera GI-600, que enlaza Blanes con Hostalric, donde se puede conectar también con la AP-7.

El proyecto de trazado fue aprobado de modo definitivo, incluidos los aspectos medioambientales, en el año 2001 por el Gobierno de CiU, pero hasta ayer no se había publicado el anuncio de los terrenos que iban a ser expropiados para realizar las obras.

Ahora, los propietarios de los terrenos afectados deberán pactar con el Gobierno catalán el precio que percibirán y en caso de discrepancia pueden reclamar un justiprecio que, en opinión del Ejecutivo autónomo, no prolongará el proceso más allá de principios de 2007, con lo que las obras podrán empezar en el primer semestre del próximo año.

Los puntos del trazado que provocaron mayor oposición en el territorio son el paso por la zona conocida como Can Gelpi y el cruce de la línea del tren Blanes-Maçanet. Finalmente, un viaducto con dos puentes paralelos permitirá salvar las discrepancias.

Ayer no fue posible solicitar la opinión de ACESA sobre el proyecto definitivo, ya que sus directivos estaban de puente.