Los consejeros deciden si envían los planes al no existir obligación

El Gobierno no tiene ninguna obligación de enviar al Parlamento para su debate los planes sectoriales que aprueba. Sólo hay una excepción: el plan de Drogodependencias. En este caso, la Cámara forma parte del consejo de Drogodependencias que supervisa su contenido por lo que obligatoriamente tiene que ser debatido. El resto queda a criterio del Consejo de Gobierno, que es el que los aprueba. Aunque el Consejo tiene la última palabra, el que se mande o no depende en buena medida de la voluntad del consejero y del departamento que se ha encargado de su elaboración.

Por ejemplo, el consejero de Justicia, Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga, realizó el pasado lunes el balance del I Plan de Inserción, que fue aprobado la legislatura pasada, en octubre de 2003, en un pleno monográfico por expreso deseo del consejero. En aquella ocasión, el tripartito también estaba en minoría, pero en aquella sesión en concreto la oposición formada por PP, PSE y Sozialista Abertzaleak tenía menos parlamentarios debido a sus múltiples ausencias. De esta forma, todas sus propuestas fueron derrotadas.

Derrota parlamentaria

El último antecedente de un consejero que ha preferido no organizar un pleno para debatir un plan ha sido el titular del Departamento de Sanidad, Gabriel Inclán. El plan sociosanitario para el periodo 2005-2008 fue aprobado el pasado mes de diciembre por el Gobierno, las tres diputaciones y los ayuntamientos, pero el Ejecutivo no tenía intención de someterlo al criterio del Parlamento. Esta postura llevó a la oposición a plantear varias iniciativas en la Cámara para que se organizase un debate.

En mayo, la oposición ganó una proposición no de ley al tripartito en la que se le instaba al Gobierno a que presente el plan. El PP, autor de esa iniciativa, la justificó porque "es muy importante analizar lo que significa la atención sociosanitaria, un concepto de difícil aplicación ya que a veces no se distingue cuál de las dos áreas, la sanitaria o la de servicios sociales, debe hacerse cargo de determinadas situaciones".

PSE y EHAK coincidieron en los intentos del Ejecutivo por minimizar la labor que realiza el Parlamento, sustrayéndole este tipo de debates sobre cuestiones trascendentales como la financiación y la posible introducción del copago de algunas prestaciones sociales. El tripartito, por su parte, rechazó en ese debate las argumentaciones de los partidos de la oposición recordando que para la elaboración del plan ya se había contado con opiniones cualificadas de los sectores implicados.