Bruselas da un ultimátum a la Generalitat Valenciana para que cambie su ley urbanística

Nuevo varapalo de Bruselas a la Generalitat Valenciana con el urbanismo como protagonista. La UE reclama ahora la modificación de la Ley Urbanística Valenciana, aprobada a finales de 2005 precisamente para adaptar el sistema urbanístico valenciano a la legislación comunitaria y para sustituir a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística, también censurada en Bruselas. Y todo por la misma razón: la violación de las normas de contratación pública. La Comisión amenaza con llevar el caso a los tribunales si no recibe una "respuesta satisfactoria" en dos meses.

La UE volvió a poner ayer en tela de juicio la legalidad del desarrollo urbanístico valenciano. Bruselas lanzó una nueva advertencia contra España, al exigirle que modifique la ley Urbanística Valenciana (LUV), ilegal a ojos de la Comisión Europea, por no respetar las leyes de contratación pública. Mediante un "dictamen motivado suplementario", el Ejecutivo comunitario pidió a España que adapte la legislación urbanística valenciana a la europea, y amenazó con llevar el caso ante los tribunales europeos si no obtiene una "respuesta satisfactoria" en dos meses.

El de ayer es el segundo paso de un procedimiento de infracción abierto el pasado abril contra la LUV, que entró en vigor el pasado febrero y que sustituye a su vez a la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) de 1994, también cuestionada por Bruselas. Las autoridades comunitarias consideran que esas leyes violan las normas europeas. En concreto, consideran contrarios a las reglas del mercado interior los anuncios de los concursos de obras públicas, los procedimientos de adjudicación de los Programas de Actuación Integrada ( PAI) a los agentes urbanizadores (promotores privados que pueden actuar con capacidades de la Administración pública), así como la posibilidad de modificar las condiciones de los contratos en el momento de la adjudicación o incluso durante su ejecución.

A ojos de la Comisión, la nueva ley urbanística valenciana no establece mecanismos suficientes para garantizar la concurrencia y la publicidad de los procedimientos de adjudicación de los PAI a los agentes urbanizadores. Algo que sí hace la legislación equivalente aprobada por otras comunidades autónomas, como el País Vasco.

Para la Comisión Europea, sin embargo, la principal divergencia con España -en realidad, con la Generalitat Valenciana, destinataria de un recado que Bruselas no puede enviar directamente a la Administración autonómica- se centra en la naturaleza jurídica de los PAI, según explicó ayer una portavoz comunitaria. "Las autoridades españolas sostienen que los PAI no son contratos públicos y que por tanto, ni la LRAU ni la LUV son incompatibles con las directivas comunitarias. La Comisión piensa lo contrario", indicaba ayer el comunicado emitido por Bruselas. En la respuesta enviada tras la carta de emplazamiento del pasado mes de abril, "España no daba una respuesta adecuada a esta cuestión. Ni siquiera lo abordó de forma específica, por eso hemos enviado ahora este dictamen motivado suplementario", añadió la portavoz.

Advertencia de la UE

El Parlamento valenciano aprobó el pasado diciembre la LUV, con el apoyo únicamente del PP, que pretendía mejorar la LRAU, aprobada bajo Gobierno socialista en la Generalitat y aplicada después por los gobiernos populares desde el año 1995. El comisario europeo de Servicios y Mercado Interior, Charles Mc Creevy, ya había advertido en diciembre de que la LUV parecía que "no iba a corregir" las deficiencias de la ley anterior y el 4 de abril de este año la Comisión envió a España una segunda carta de emplazamiento en la que pedía al Gobierno que explicara cómo pretendía cumplir con los reparos comunitarios.

También consideró la Comisión en abril que España ignoró las advertencias comunitarias y continuó adjudicando contratos con arreglo a la LRAU hasta el pasado 1 de febrero, fecha en la que entró en vigor la nueva ley, igualmente deficiente según el análisis jurídico de Bruselas.

El nuevo aviso de ayer, supone un ultimátum. Dentro de dos meses, si no se ha adecuado la legislación valenciana a las exigencias de Bruselas, la Comisión podría acudir al Tribunal Europeo de Justicia con sede en Luxemburgo, tal y como advirtió el Ejecutivo comunitario en su comunicado. "En ausencia de una respuesta satisfactoria en los próximos dos meses, la Comisión podrá llevar el caso ante el Tribunal de las Comunidades Europeas", advierte.

Junto al procedimiento en curso de la Comisión Europea, la Eurocámara aprobó el pasado diciembre un informe en el que acusaba a la Comunidad Valenciana de cometer irregularidades urbanísticas. El Parlamento Europeo había recibido un aluvión de quejas de propietarios -alrededor de 15.000, la mayoría procedentes de extranjeros que han fijado su residencia en territorio valenciano- afectados por procesos urbanizadores que consideraban abusivos. Otros se quejaban del impacto ambiental del boom inmobiliario en la costa valenciana.