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Despedidos 13 altos cargos para aligerar la nómina, que supone el 82% del gasto mensual del consistorio

Javier Martín-Arroyo

El talón de Aquiles del austero control del gasto emprendido por la gestora es la cuantiosa plantilla municipal, que supera los 3.200 trabajadores y absorbe el 82% del gasto mensual. De los 12 millones de que dispone el consistorio al mes, 9.908.000 son gastos de personal para los empleados municipales, que aún perciben unos complementos salariales inauditos en cualquier otro ayuntamiento andaluz.

La gestora despidió esta semana de la televisión municipal a la ex concejal Carmen Revilla, imputada en el caso Malaya, "por razones objetivas", y a 13 altos cargos con boyantes salarios que han contribuido a dañar las arcas municipales. Entre ellos destaca Miguel Jiménez, ex concejal imputado asimismo en el caso Malaya, y que percibía como anterior coordinador de la tenencia de alcaldía de Las Chapas 4.540 euros mensuales brutos al mes, y el que fuera jefe de prensa de la ex alcaldesa Marisol Yagüe, Miguel Ángel Ordóñez, que disponía de un salario bruto de 6.085 euros.

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Otros afectados por la medida de la gestora son Fernando Simón, oficial administrativo del área de Participación Ciudadana con un sueldo bruto de 4.556 euros y la procuradora municipal y sobrina del fallecido alcalde Jesús Gil, Irene Molinera, que contaba con una nómina de 3.418 euros. Además, figuran el topógrafo Elías del Pozo y los ex coordinadores José Morón y Francisco José Bernal.

Los despidos fueron adoptados en el consejo de administración de la empresa municipal Gerencia de Obras y refrendada por el propio presidente de la comisión gestora, Diego Martín Reyes.

La gestora ha justificado estos 13 despidos por "razones objetivas", y a partir de ahora espera que los tribunales no declaren ningún despido nulo, después de las reclamaciones judiciales que emprenderán algunos de los trabajadores despedidos, defensores a ultranza del régimen nacido con Jesús Gil.

La plantilla municipal continúa reduciéndose desde los 3.532 trabajadores que la gestora determinó que tenía, y los despidos de empleados con abultadas nóminas son un goteo continuo que la ha reducido a unos 3.200 empleados. Tras la entrada de la gestora en abril, se produjo la súbita aparición de trabajadores con altos cargos asignados y que carecían de despacho, ya que nunca habían se habían asomado por las dependencias municipales, y que tuvieron que esperar en los pasillos hasta solventar su asombrosa situación laboral.

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Sobre la firma

Javier Martín-Arroyo
Es redactor especializado en temas sociales (medio ambiente, educación y sanidad). Comenzó en EL PAÍS en 2006 como corresponsal en Marbella y Granada, y más tarde en Sevilla cubrió información de tribunales. Antes trabajó en Cadena Ser y en la promoción cinematográfica. Es licenciado en Periodismo por la Universidad de Sevilla y máster de EL PAÍS.

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