La ponencia termina como empezó, sin resolver los principales asuntos polémicos

La ponencia mixta Congreso de los Diputados-Parlamento andaluz, que durante un mes ha trabajado en la proposición de reforma del Estatuto, emitió ayer su dictamen sin resolver los mismos asuntos polémicos con los que empezó. Desde el primer momento y a través de las negociaciones bilaterales entre PSOE y PP, quedaron señalados con claridad los principales escollos que, tras seis reuniones, siguen siendo los siguientes: la alusión a la realidad nacional de Andalucía, la denominación de la comunidad, el derecho a la muerte digna, la enseñanza laica, el blindaje de las competencias, la participación en los organismos estatales, el consejo de justicia y la deuda histórica. Es decir, la música de tambores y trompetas anunciando el acuerdo va por un lado, pero la letra va por otro.

De todos ellos, el que plantea el principal problema al PP es asumir en el Estatuto la afirmación de que "la Constitución Española, en su artículo 2, reconoce la realidad nacional de Andalucía como una nacionalidad". La enmienda que el PSOE ha presentado para precisar la obviedad de que "en el marco de la unidad de España" no le sirve el PP.

Ayer ni Soraya Sáenz de Santamaría ni Antonio Sanz, tras insistentes preguntas, descartaron su inclusión aunque con otros aliños literarios. La ponente popular respondió siempre lo mismo: "La Constitución no contempla la definición de Andalucía como realidad nacional. Eso no es asumible". Pero no contestaron a la pregunta de si mantenían la opinión expresada en los meses anteriores de que se trata de un "cachondeo", una "chirigota", una "tomadura de pelo", una "fraude constitucional", un "disparate jurídico" y una vía para el "fenómeno islamista".

La solución a esta polémica puede venir, según apuntó el ponente socialista Manuel Gracia, a través de una redacción historicista que recoja la Asamblea Andalucista de Ronda de 1918 en la que el llamado padre de la patria andaluza, Blas Infante, evocó la realidad nacional de Andalucía. Esta solución no es mal vista por los populares, pero el PSOE no la contempla en las muchas redacciones alternativas en las que está trabajando. El portavoz parlamentario del PP, Eduardo Zaplana, aseguró que esa descripción "no aparecerá con el acuerdo del PP".

Las discrepancias internas entre los populares eclipsaron el toque de atención que dio Izquierda Unida a cuenta de la deuda histórica. El desacuerdo del PSOE con todos los grupos en este asunto fue total. La portavoz de IU, Concha Caballero, advirtió que la deuda histórica es "una de las líneas rojas que no se deben cruzar". El PSOE tiene un escaso margen para incluir en el Estatuto un plazo de seis meses para cuantificar la deuda y de un año para su pago, como acordó con PP, IU y PA en Andalucía. Aquí los socialistas se han encontrado con el rechazo absoluto del Ministerio de Economía y Hacienda, cuyos técnicos "ni entienden ni comparten" la deuda histórica, a juicio de la diputada de IU.