Los tribunales del nunca más

Herederos de Núremberg, pero enfrentados a conflictos en algunos casos todavía latentes, los tribunales internacionales especiales que juzgan hoy a los criminales de las guerras de Yugoslavia, Ruanda, Sierra Leona y Camboya, además de la Corte Penal Internacional, afrontan un doble reto. Por un lado, la necesidad de hacerle justicia a las víctimas para que pueda fraguarse la posterior reconciliación de sus comunidades. Por otro, la búsqueda de un equilibrio entre la independencia frente a los Estados que los crean, y la ayuda que les piden para detener a los acusados de los casos que investigan. Para los fiscales de estos tribunales, que ayer analizaron en Holanda los efectos de su trabajo, el mayor desafío es lograr que la propia justicia que imparten se convierta en el marco de referencia internacional.

Carla del Ponte pide a la ONU que no cierre el tribunal de la ex Yugoslavia en 2010

Algunos de ellos son muy conocidos, como Carla del Ponte, fiscal jefe del Tribunal Penal Internacional para la antigua Yugoslavia, que ayer aprovechó el encuentro para pedir a la ONU que no cierre las puertas del TPIY en 2010. "Tengo a seis fugitivos escondidos por ahí, entre ellos los líderes político y militar serbo-bosnios, [Radovan] Karadzic y [Ratko] Mladic. No creo que deba darse por concluida nuestra labor hasta que sean juzgados. Pero el Consejo de Seguridad, en privado, me ha sugerido que busque financiación privada para el tribunal si pretendo seguir adelante". Poco convencida de que la situación haya cambiado en los Balcanes, la jurista aseguró que cuando va a Serbia, a Bosnia o a Croacia sigue habiendo distancia entre los vecinos. "Ya no se disparan, claro, pero esperas que en cualquier momento se lancen unos al cuello de los otros".

Su escepticismo sobre el poder reconciliador de la justicia era compartido, a medias, por sus colegas. Si bien todos coincidieron en que no les compete sólo a ellos la tarea reconciliadora, para fiscales como Robert Petit, de las Cámaras Extraordinarias en las Cortes de Camboya, mostrar que no hay impunidad es vital. "En Camboya no parecía que hubiera responsabilidades [por el genocidio de los años setenta en el que los jemeres rojos aniquilaron a 1,7 millones de personas]. Ni siquiera aparecía en los libros de texto. Con este tribunal, se puede practicar una justicia más directa".

Christopher Staker, fiscal de la Corte Especial para Sierra Leona, añadió en La Haya otro aspecto. "Aunque seguimos los mismos procedimientos que el TPIY, o el de Camboya, operamos sobre el terreno. Nuestra labor es además educativa. Se explica que la justicia internacional acepta que pueda haber guerras, pero no que se cometan atrocidades como mutilaciones, violaciones o saqueos".

Una forma de decir "nunca más" hoy indispensable y hace una década impensable, en opinión de Hassan Jallow, acusador del Tribunal Penal Internacional para Ruanda. "La labor de estos tribunales ha pasado a las jurisdicciones nacionales, con ejemplos como el de Pinochet. Si por un lado dependemos de los Estados para que nos ayuden a detener a los criminales, por otro creamos una jurisprudencia nueva que perdurará".

Un dato para el que Luis Moreno Ocampo, fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), tenía ejemplos como la definición de nuevos delitos. La violación convertida en crimen de guerra, los niños soldado o el concepto de responsabilidad compartida en casos de genocidio. "Es un aspecto innovador de la justicia internacional surgido de estos tribunales que debe continuar", afirmó.

Y para el momento en que los tribunales especiales (todos menos la CPI) deban dar por concluida su labor, Del Ponte propuso "dejarle un legado jurídico y de procedimiento a la CPI".