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Los problemas de la inmigración irregular

El Gobierno emplaza a los partidos a pactar una reforma moderada de la Ley de Extranjería

El Ejecutivo se plantea el aumento del máximo de días de internamiento y sólo IU-ICV lo rechaza

Un pacto de todos para una reforma moderada de la Ley de Extranjería y otras medidas que permitan reducir la inmigración irregular a España. Ésa es la intención manifestada ayer por la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa de la Vega, tras la reunión del Consejo de Ministros, en la que anunció una reunión con todos los partidos para el miércoles de la próxima semana en la que abordar un acuerdo general sobre política de inmigración.

De la Vega se ha reunido en las dos últimas semanas con los líderes de todos los partidos políticos representados en el Congreso y ha encontrado "elementos comunes" que le permiten anunciar la posibilidad de "sentar las bases" de un gran pacto sobre la inmigración entre los partidos. Las mayores reticencias proceden del PP. De la Vega pretende que "el consenso sea unánime". "Las posiciones de los grupos parlamentarios son muy parecidas a las nuestras y hay pocas diferencias, que vamos a tratar de superar". A modo de ejemplo, destacó cómo la propuesta del PP de crear una agencia de contratación para los inmigrantes en origen "ya está recogida en la Ley de Extranjería y el Gobierno trabaja en su puesta en marcha", señaló ayer De la Vega.

El Gobierno está predispuesto a reformar la Ley de Extranjería, con el criterio de "limitar las modificaciones a aspectos estructurales y no coyunturales". Así, el Ejecutivo rechaza la posibilidad de modificar la ley para prohibir nuevas regularizaciones de inmigrantes sin papeles. No obstante, el Gobierno podría aceptar aumentar el tiempo de retención de los inmigrantes irregulares para proceder a su identificación, que ahora tiene como límite 40 días. "Esta cuestión está en debate en los países europeos. Algunos países creen conveniente que el periodo de retención ascienda a 60 días y otros, incluso, a 90", señalan fuentes gubernamentales. También se podrían modificar aspectos relativos a la entrada en España de los inmigrantes, la identificación, la acogida en condiciones humanitarias, las repatriaciones, las relaciones con la UE y la cooperación internacional.

El Consejo de Ministros aprobó ayer una partida de 16 millones de euros para gestionar la acogida temporal en Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla. También dio rango normativo al mando único que gestiona todas las actuaciones relacionadas con la inmigración en Canarias, dirigido por el general de la Guardia Civil Cándido Cardiel.

Los principales socios del Gobierno se muestran abiertos al pacto, aunque IU-ICV no está dispuesta a aceptar nada que endurezca la ley. Éstas son algunas de sus principales propuestas:

- CiU, más dinero para cooperación y que la Generalitat dé contratos de trabajo. El diputado Carles Campuzano señala que su grupo no se opone a que se amplíe el plazo de 40 días de internación, pero cree que eso "no es una prioridad". CiU reclama otro tipo de reformas: la trasposición de la directiva europea sobre el permiso de residencia de larga duración, que ya se aplica en la mayoría de los países de la UE, reforzar las políticas de cooperación con los países de origen de los inmigrantes, reforzar las políticas de contratación en origen y los programas de retorno voluntario y cumplir la parte del Estatuto catalán que señala que la Generalitat puede hacerse cargo de los permisos de trabajo en Cataluña.

- ERC, parón a las regularizaciones. Joan Puigcercós señala que su grupo está dispuesto al acuerdo, que quieren ver sobre el papel cómo se concreta la ampliación de los 40 días, porque creen que eso no arregla el problema de los inexpulsables. ERC está en contra de prohibir para siempre las regularizaciones, "porque en política el nunca jamás no tiene sentido", pero sí propone "un parón" para poder acoger como merecen a los que ya están dentro y lanzar un mensaje claro a los que quieren entrar.

- IU-ICV, mejor acogida y nada de ampliar los 40 días. Gaspar Llamazares es tajante: "Si el PSOE quiere un acuerdo para endurecer la ley, para volver a los tópicos del PP, nosotros no estaremos". IU-ICV propone cambiar el discurso alarmista y sobre todo la política de primera acogida, mejorar el tratamiento a los inexpulsables y ampliar los acuerdos con los países de origen para realizar devoluciones en condiciones.

- Coalición Canaria, refuerzo de fronteras. Este grupo presentó hace dos semanas una proposición no de ley reclamando el mando único que se aprobó ayer, más medios para vigilar el mar y ampliar a 65 días el tiempo máximo de internamiento.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Sábado, 7 de octubre de 2006