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COLUMNA

'Homo sacer'

Sacer, según el diccionario latino-español de Agustín Blánquez Fraile, significa "sagrado, consagrado, sacro" y también "maldito, execrable, abominable, detestable". Pertenece al concepto que puso en circulación hace una decena de años el filósofo Giorgio Agamben, en su libro Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida (Pre Textos). "El protagonista de este libro es la vida nuda", escribe, "es decir, la vida que se puede quitar y sacrificar del homo sacer, de quien queremos mostrar su función esencial en la política moderna". Se trata de "una oscura figura del derecho romano arcaico, que incluye a la vida humana en el orden jurídico sólo en forma de exclusión (es decir, en la posibilidad de darle muerte sin sanción)".

Desde que Bush declaró la Guerra global contra el terror no ha hecho más que crecer la figura del homo sacer, habitante de territorios donde la ley no tiene vigencia, lugares de excepción donde los prisioneros pierden su condición de personas, chupaderos que trasladan al siglo XXI el universo concentracionario del siglo pasado: Guantánamo, Abu Ghraib, Bagram, Diego García, las flotas americanas, las mazmorras egipcias o sirias donde la CIA externaliza los interrogatorios, los vuelos clandestinos para trasladar secuestrados, o las cárceles secretas europeas, todo un archipiélago donde naufragan los derechos humanos y permanecen en suspenso los valores que dicen defender EE UU y sus aliados.

Hecha la ley, hecha la trampa. Oficialmente, sigue vigente la regla de juego aceptada por todos. Pero ahí donde no alcanza la luz de la opinión pública ni llega la mirada de las instituciones del Estado de derecho se elude el cumplimiento de las leyes o se retuerce su interpretación. Por fortuna, las trampas también han sufrido la erosión tanto de una opinión internacional que ha ido despertando del efecto hipnótico de los atentados terroristas como de la acción de los tribunales y del Congreso norteamericano. El primero de los reveses legales a la política antiterrorista de Bush se produjo el pasado diciembre, cuando el senador John McCain, presumible sucesor suyo como candidato republicano en 2008, colgó de una ley presupuestaria militar una enmienda que prohibía la tortura a cualquier detenido. Bush se vio forzado a elegir entre dejar sin dinero al Ejército o prohibir la tortura. El segundo revés fue en junio, cuando el Tribunal Supremo declaró ilegales las comisiones militares que venían sentenciando a los prisioneros de Guantánamo sin garantía alguna.

Una y otra tuvieron inmediata respuesta por parte del aparato legal republicano, un cuerpo de leguleyos preparados para cualquier malabarismo jurídico y muy propenso a utilizar la Constitución norteamericana a su capricho, leyéndola de la misma forma literal que los salafistas leen el Corán, o penetrando en la cabeza de los Padres Fundadores, para interpretar lo que querían decir Jefferson, Hamilton o Washington, como si sus ideas de grandes terratenientes esclavistas o de ilustrados insignes pudieran tener vigencia exacta hoy en día. La respuesta a la acción de McCain fue una artimaña legal por la que el presidente se reserva la interpretación de cualquier ley mediante una declaración firmada o signing statement y que tiene como fundamento la llamada teoría del ejecutivo unitario. En esencia, se trata de una interpretación expansiva de los poderes constitucionales del presidente en relación al poder legislativo, algo que ha llegado a su punto culminante con George W. Bush, el presidente que más signing statements ha firmado (más de 800), y que cuenta con el contrafuerte adicional de los poderes otorgados con motivo del 11-S, la famosa AUMF (Autorización para el Uso de la Fuerza de 18 de septiembre de 2001) de duración indeterminada en esta guerra sin fin, sin límites y sin fronteras, en el tiempo, en el espacio y en los métodos para guerrear.

Pero la sentencia del Supremo de junio pasado ha obtenido otra respuesta todavía más contundente, y fundamentada, asimismo, en la misma idea de unos poderes presidenciales excepcionales, reconocidos directamente por un legislativo que capitula ante el ejecutivo y los sustrae del control del judicial. En manos del presidente queda el sistema de garantías, la dureza de los interrogatorios, la interpretación de los convenios internacionales y la declaración de quién es combatiente enemigo ilegal, figura sagrada y maldita señalada por el poder supremo y excepcional. El bucle se ha cerrado. La trampa es ahora ley. Y sólo el Tribunal Supremo u otra mayoría parlamentaria pueden algún día enmendarla.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Jueves, 5 de octubre de 2006