El Poder Judicial intervino en los juzgados de La Línea al apreciar "irregularidades"

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) intervino hace un año en los juzgados de La Línea de la Concepción (Cádiz) tras detectar "numerosas irregularidades en su funcionamiento", como el retraso de muchos sumarios que pesan sobre el alcalde, Juan Carlos Juárez, del PP -antes del GIL-, y algunos de sus concejales. El diputado del PSOE por Cádiz José Luis Blanco sostuvo que la dilación de los casos en los que se ha visto implicado el alcalde evidencia un "trato singular y privilegiado".

Fuentes del CGPJ confirmaron ayer que el servicio de inspección de este organismo ordenó una comisión de seguimiento en abril de 2005 sobre los Juzgados de La Línea al constatar una situación irregular de funcionamiento. La inspección detectó fundamentalmente "deficiencias" en los libros donde se anotan toda la vida de los sumarios. Asimismo, constató "la pasividad" en la tramitación de los recursos y el "retraso desproporcionado" de algunos procesos judiciales, como los que pesan sobre el alcalde de La Línea, Juan Carlos Juárez.

El más conocido es el llamado Caso de los contratos, por el que está denunciado por presuntos delitos de prevaricación en la contratación de más de un centenar de empleados municipales. Otro de los casos pendientes se refiere al presunto cobro de 600 multas de tráfico cuyo importe -alrededor de 600.000 euros- no fue ingresado supuestamente en las arcas municipales. Este caso se encuentra en la misma situación que el anterior desde que se iniciase su instrucción, a finales de 2002, por parte del Juzgado de Instrucción número 2 de La Línea.

Las deficiencias que detectó el CGPJ son, según las mismas fuentes, posibles motivos de sanción disciplinaria si persisten en el tiempo. La actuación del Consejo se tradujo en la llegada de la nueva juez Natalia Martínez Herreros al Juzgado número 2 de La Línea. Hace dos meses, el servicio de inspección del consejo ordenó levantar y archivar el seguimiento al apreciar una "cierta reactivación".

Esta jueza achacó recientemente a "implicaciones políticas" la dilación que acumulan algunos procesos judiciales contra Juárez. El CGPJ asumió la versión de esta jueza al tramitar la queja de uno de los ciudadanos denunciantes, aunque rectificó de inmediato al considerar "desafortunadas" estas explicaciones. El denunciante se mostró "indignado" con esta respuesta, que tildó de "vergonzosa".

El diputado autonómico José Luis Blanco preguntó ayer si estas implicaciones políticas guardan relación con algunas comidas pagadas a jueces y fiscales con cargo al presupuesto municipal en 2002, según sostuvo el PSOE. "Se han dado situaciones de connivencia y convivencia entre personas de la administración de justicia que, a la vez, tramitaban sumarios que hacían referencia o estaba afectado el alcalde y su equipo de gobierno", afirmó Blanco, quien se congratuló de la actuación del Consejo. "Está claro que hay negligencia y retrasos, y esta intervención responde a un clamor popular en el sentido de que no había igualdad ante la ley de todos los ciudadanos porque el alcalde y sus concejales estaban teniendo un tratamiento, cuando menos, singular o privilegiado por parte de los órganos judiciales", dijo Blanco.

El vicesecretario del PP de La Línea y primer teniente de alcalde, Manuel Aguilera, anunció que "sondearán" al propio Consejo por "si existen presiones" para que este tipo de inspecciones se realicen "sólo" en La Línea o también se desarrollan en otros municipios. "Esperamos que así sea", añadió Aguilera, quien anunció ayer la presentación de una querella contra los magistrados de la Sala Séptima de la Audiencia provincial de Cádiz al considerar que "existe una falta total de imparcialidad y una persecución" hacia su persona. Este concejal, que tiene diversas causas pendientes en dicha sala, ha solicitado incluso la recusación de estos jueces.