La gestora de Marbella aprueba no recurrir la retirada de competencias de la Junta

La comisión gestora de Marbella aprobó ayer no personarse en el recurso interpuesto por el PP contra el decreto de retirada de competencias urbanísticas al Ayuntamiento, aprobado por la Junta el pasado junio. "De prosperar el recurso, el Plan General quedaría en el limbo porque durante este tiempo nadie tendría competencias para modificarlo", justificó el presidente de la gestora, Diego Martín Reyes, para no sumarse al recurso ante el TSJA. La oposición de los vocales propuestos por el PP al acuerdo rompió por vez primera el tradicional consenso de la gestora.

La comisión gestora marbellí recibió el ofrecimiento para personarse en el recurso contencioso administrativo interpuesto por el Partido Popular ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJA), y su rechazo provocó ayer la primera disensión entre los dieciséis vocales, si bien los vocales populares se abstuvieron en la primera sesión a la hora de elegir a Diego Martín Reyes como presidente. De fondo está el espinoso urbanismo de la ciudad y el empeño del PP para que el Ayuntamiento mantenga al completo sus competencias urbanísticas cuando se celebren las próximas elecciones municipales. Para ello reforzó su batalla judicial el mes pasado con un segundo recurso para lograr que el TSJA declare nula la intervención de la Junta.

La gestora aprobó ayer la medida con el apoyo de los diez vocales propuestos por PSOE, IU y PA, mientras que los seis vocales del PP se opusieron a la propuesta elevada al pleno por el presidente, Diego Martín Reyes. "La medida cautelar solicitada produciría el perverso efecto de no residenciar la competencia para elaborar el PGOU ni en la comisión gestora ni en la Consejería de Obras Públicas", expuso el presidente en dicha proposición.

Martín Reyes recuerda en su escrito que el reglamento de la comisión gestora no le atribuye la competencia del Planeamiento General, y que sumarse al recurso planteado por el PP supondría "la paralización absoluta de la elaboración de un instrumento indispensable para el desarrollo de Marbella", en referencia al nuevo y ansiado Plan General, ya que el actualmente vigente data de 1986. Además, estima que la ciudad sufriría "un daño irreversible" al paralizar necesidades de nuevos suelos para centros de salud y colegios.

Los argumentos esgrimidos por Martín Reyes se encontraron con la oposición de los seis vocales propuestos por el PP, que consideran que la retirada de competencias urbanísticas al consistorio se fundamenta en "los gravísimos incumplimientos" en esta materia, y en "los gravísimos casos de corrupción" por parte de la anterior corporación. El delegado de Hacienda, Carlos Rubio, rechazó con contundencia el decreto de la Junta: "Ese fundamento básico no tiene vigencia ya que las circunstancias cambiaron radicalmente tras la disolución del Ayuntamiento el pasado abril. La retirada es una decisión muy grave porque afecta al núcleo básico de competencias de un ayuntamiento".

La radical diferencia de posturas expresada por los vocales fue patente ayer a lo largo del pleno extraordinario, y reveló unas discrepancias inéditas tras la etapa abierta por la gestora y caracterizada por el consenso. A medida que las elecciones municipales se acercan, las presiones políticas harán más difícil el equilibrio alcanzado entre los vocales para el consenso, pese a que todos declaran pelear por la independencia de su gestión.

"Lamento profundamente la ruptura escenificada en esta ocasión porque estoy convencido de que la única decisión coherente es no personarse en el recurso. Espero que ahora, cuando la cuestión era pacífica entre nosotros, recapacitéis en vuestro voto", aludió a los seis vocales populares el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte. "¿Es importante contribuir a un recurso que no va a reportar nada a la ciudad? Considero que no ganaremos nada y que Marbella necesita sosiego", añadió.

El vocal de Izquierda Unida Eduardo Zorrilla matizó que su voto para rechazar el recurso tiene el condicionante de que las competencias "deben volver a la ciudad en cuanto haya una nueva corporación elegida". "La gestora no puede asumir el enorme coste económico que supone el planeamiento, y el recurso interpuesto por el PP supone una postura incoherente", añadió.

Martín Reyes quiso quitarle hierro a las discrepancias: "No hay que extraer ninguna consecuencia tremendista ante la primera falta de consenso. Habrá otros asuntos donde volveremos a estar de acuerdo y alguno más donde no", matizó.

La Consejería de Obras Públicas gestiona desde julio el planeamiento urbanístico en Marbella a través de una oficina creada al efecto, y ha anunciado que devolverá las competencias una vez que se elabore el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).