Vizcaya rechaza que el cierre de Reckitt se vincule a la recalificación

La Diputación de Vizcaya rechaza cualquier relación entre el cierre de la fábrica en Güeñes de la multinacional Reckitt y la recalificación de terrenos adyacentes a la planta aprobada sólo un mes antes del anuncio de la clausura. La tercera reunión entre el comité y la dirección no registró ningún avance. Antes del encuentro se produjo un incidente cuando varios directivos fueron zarandeados por trabajadores.

La polémica por el cierre de Reckitt, con un plantilla de 194 empleados, llegó ayer por vez primera a las instituciones. La Diputación de Vizcaya tuvo que explicar ante las Juntas Generales la recalificación de terrenos aprobada definitivamente por la institución foral en agosto y que ha reportado a la multinacional unos beneficios de más de cinco millones de euros. Este cambio de uso ha coincidido casi en el tiempo con el anuncio del traslado. Además, hace cuatro años la Diputación desestimó cambiar el uso de los terrenos en industriales.

"Es un expediente intachable desde el punto de vista legal", dijo ayer el diputado foral de Urbanismo, Patxi Sierra-Sesumaga, al explicar la recalificación para uso residencial. Agregó que la decisión empresarial de llevar la producción a otras plantas del extranjero "no puede relacionarse" con la recalificación.

Sierra-Sesumaga explicó que el solar tenía todas las posibilidades de recalificarse. "Se ubica entre una zona industrial y otra residencial, por lo que difícilmente se puede cuestionar su vocación urbana". Insistió en que "nadie" conocía las intenciones de la empresa de deslocalizar su centro de Güeñes, por lo que expresó que la "Diputación se siente defraudada" por lo ocurrido.

A la oposición no le convencieron estas explicaciones. El PSE consideró que la recalificación y el cierre "aparecen concatenados". Su portavoz, Josu Montalbán, opinó que "ha habido ocultación de datos por parte de los responsables del Ayuntamiento" y apuntó "la posibilidad" de revocar la recalificación.

Cristina Ruiz (PP) dijo que existe "la sensación de que, inconscientemente, hemos contribuido al traslado", mientras que José Ferrera, portavoz de Ezker Batua, valoró que la Diputación, "de forma secundaria, tiene una responsabilidad manifiesta" en la deslocalización.

La comparecencia en las Juntas coincidió con la tercera reunión entre el comité de empresa y la dirección. El encuentro estuvo precedido por la tensión: cerca de 25 trabajadores, que se habían concentrado en el exterior del hotel de Güeñes donde se celebró la reunión, zarandearon a los directivos.

En el reunión no se produjo ningún avance. La empresa aseguró que existe un proyecto industrial para las recolocaciones de la plantilla, pero sin aportar más datos hasta que se asuma el cierre. El comité insiste en no aceptar la clausura.