El juez deja en libertad a 16 de los 19 imputados en el caso del Puerto de Bilbao

La operación policial contra el sistema irregular del transporte de mercancías por carretera en el Puerto de Bilbao terminó ayer por desinflarse. A la última hora de la tarde quedaban por declarar ante el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo sólo dos los 19 detenidos inicialmente en el caso. El resto quedó libre sin ninguna medida cautelar, como la imposición de fianzas, según fuentes de la investigación. Los máximos dirigentes de la patronal de consignatarios y estibadores, dos de los empresarios que estuvieron detenidos, se pronunciarán hoy sobre lo ocurrido.

A última hora de tarde sólo faltaban por prestar declaración dos dirigentes de Sintrabi -el sindicato al que están afiliados 800 de los 1.200 camioneros autónomos que trabajan en exclusiva en el Puerto de Bilbao-: el presidente Felipe Ampudia y el secretario general Juan Carlos Fullana. Juan Antonio Mendizabal, máximo responsable de la empresa comercializadora de transporte de contenedores CB Bilbao, quedó en libertad sin fianza poco antes.

Después de que el lunes el juez decidiera dejar en libertad sin medidas cuatelares a diez de los imputados, ayer siguieron el mismo camino otros siete. Al final, la lista de los llamados a declarar es de 19, porque a los 18 arrestados por la Ertzaintza a lo largo del viernes -cuando se inició el operativo policial- se sumó otro empresario que estaba en el extranjero y compareció voluntariamente en la Audiencia Nacional. Se les acusa de los delitos de extorsión, asociación ilícita y coacciones y amenazas por fijar de forma irregular el reparto de las cargas y los precios del transporte de mercancías por carretera en el Puerto de Bilbao.

Normalidad

La aparatosidad de la operación se ha desvanecido con las declaraciones. Todos los que habían declarado hasta media tarde ayer ante el Juzgado central número 6 de la Audiencia Nacional han quedado en libertad sin medidas cautelares, entre ellos los directivos de las principales compañías que operan en el Puerto: Miguel Aguirre, presidente de la patronal de empresas estibadoras y consignatarias y consejero delegado de la firma Marítima Candina, y el vicepresidente José María Egurrola, que es además director de TMB, una de las dos terminales de contenedores que operan en el recinto portuario bilbaíno. Fuentes próximas a la investigación señalaron que los dos miembros de Sintrabi y el responsable de la empresa CB eran los que, en principio, aparecen con más implicación en los hechos, por lo que el juez retrasó hasta el final su toma de declaración.

La asociación de estibadores y consignatarias se reúne hoy para analizar lo ocurrido y sus directivos comparecerán posteriormente ante los medios de comunicación.

La actividad en el Puerto de Bilbao se desarrolló con normalidad salvo en el transporte de los contenedores. Fuentes portuarias cifraron el paro en 700 transportistas de los cerca de 850 que trabajan en este sector, fundamentalmente porque las empresas que les encargaban los portes no lo hicieron. Se espera que, con la libertad de empresarios y camiones, el trabajo vuelva a realizarse en las condiciones habituales. Las investigaciones para desarrollar esta operación se iniciaron hace un año y eran un ampliación de las que emprendió la Ertzaintza en 2005 tras una denuncia del Gobierno vasco sobre la falta de libre competencia en el Puerto.

Desde 1994 funciona un sistema cerrado controlado por Sintrabi y un grupo de empresas que obliga a las consigna tarias a trabajar con los transportistas que se les asigna. A su vez, el transporte de cargas se restringe a los camioneros que están dentro del sistema. La compra de licencias para acceder a las cargas llega a alcanzar ahora los 84.000 euros por camión, 24.000 más que hace tres años. La operación judicial, que anteriormente ya estuvo en un juzgado de Barakaldo que ni siquiera llegó a tomar declaración a la cúpula de Sintrabi, a la que la Fiscalía del Tribunal Superior vasco les acusó de los delitos de asociación ilícita y contra la libre competencia.

Se ha producido en un momento en que las instituciones, empresas, entidades y transportistas trataban de llegar a una solución pactada. Desde hace dos años funciona una Mesa de la Competitividad, cuya próxima reunión estaba convocada para hoy pero se ha retrasado hasta dentro de dos semanas por las detenciones. Además, funciona una comisión de trabajo sobre el conflicto del transporte, que se ha reunido once veces en nueve meses pero sin ningún tipo de avance. Esta comisión está liderada por el llamado Observador, nombrado para buscar soluciones.