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Cartas al director
Opinión de un lector sobre una información publicada por el diario o un hecho noticioso. Dirigidas al director del diario y seleccionadas y editadas por el equipo de opinión

Los sueldos de los diplomáticos

Resulta interesante la información que aparece en la prensa nacional escrita, en relación con los sueldos de los altos cargos de la Administración.

En la noticia echamos a faltar los sueldos de los altos cargos de la Administración General del Estado en el Exterior. Sobre todo los de los diplomáticos: embajadores, cónsules y consejeros.

Estos sueldos rebasan en muchos casos los de los mejor pagados en nuestro país, es decir, están por encima, por ejemplo, de los 142.000 euros que percibe el presidente del Tribunal Supremo. A esto habría que añadir el importante sueldo diferido que muchos disfrutan con cargo a los Presupuestos Generales del Estado: vivienda, coche, chófer, mayordomo, personal de servicio, gastos de representación, etcétera.

Pero, además, a estas rentas también se les aplica un régimen fiscal muy favorable, resultando que, en la mayoría de los casos, más de las dos terceras partes del sueldo quedan totalmente exentas del IRPF.

Por desgracia, estas buenas condiciones retributivas tienen que compensarse de algún modo y la mejor manera de buscar esa compensación es manteniendo a la inmensa mayoría de los trabajadores de la Administración Española en el Exterior en una situación de desregulación interesada de sus condiciones laborales, con salarios mensuales que en muchos casos, aunque afortunadamente no en todos, no superan los 500 euros mensuales, llegando a estar, incluso, muy por debajo de ese importe.

Unos 6.000 trabajadores de embajadas, consulados, y consejerías, muchos de ellos españoles, están privados del derecho constitucional efectivo y real a la negociación colectiva, aplicándoles más de 100 legislaciones laborales locales distintas basadas, por ejemplo y entre otras, en la sharía, es decir, la ley islámica.

Sin embargo, el ministro Jordi Sevilla se muestra satisfecho con esta situación y así lo manifiesta públicamente.

¿Hasta cuándo piensa el Gobierno de España mantener esta situación preconstitucional? Esperamos su respuesta.

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