La corrupción se presenta a las elecciones

La corrupción política modificará las listas de candidatos de los principales partidos en los próximos comicios locales y autonómicos de 2007, pero no al completo. Al menos seis altos cargos públicos del PP, cuatro del PSOE y uno del PA mantienen su intención de repetir candidatura y continuar en el puesto que ocupan ahora y por el que están imputados en graves delitos relacionados con la corrupción.

Los dos grandes partidos, PP y PSOE, tienen en sus reglamentos internos medidas de regeneración que pasan por la expulsión o la suspensión de militancia para casos de corrupción política, aunque estas medidas quedan generalmente congeladas a la espera de que haya una condena firme, que en muchos casos tarda varios años.

El protagonista del 'caso Fabra', que conserva todos los cargos en el partido en Castellón, controlará la campaña electoral

El alcalde de Alicante se ha asegurado competir por cuarta vez por el cargo tras superar su último revés en los tribunales

Los partidos mantendrán en las listas a una decena de altos cargos pese a estar implicados en casos que investiga la justicia

Los socialistas mantienen que en sus listas no habrá rastro de políticos sobre los que recaiga una sospecha cierta de corrupción y han empezado por dar ejemplo en Murcia, donde algunos concejales o alcaldes han dejado su puesto. En cambio, el regidor de Carboneras, con una condena de seis meses, sí parece mantenerse como candidato en este municipio almeriense. En el PP las cosas no están tan claras y parece que algunos de sus principales dirigentes en la Comunidad Valenciana repetirán en las listas electorales pese a los graves casos de corrupción por los que están siendo investigados.

Lo que sigue resume la situación en las zonas donde más casos de corrupción se han destapado desde las anteriores elecciones.

ALICANTE: Tres alcaldes en apuros.

En Alicante, las imputaciones por supuestos casos de corrupción afectan los regidores de la capital de la provincia, Torrevieja y Orihuela: Luis Díaz Alperi, Pedro Ángel Hernández Mateo y José Manuel Medina, respectivamente. Aparte del acoso judicial, los tres alcaldes alineados con el sector interno del PP afín al jefe del Gobierno valenciano, Francisco Camps, han tenido que hacer frente al colectivo opositor interno, los zaplanistas, próximos al portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Eduardo Zaplana.

El alcalde de Alicante (319.000 habitantes) ha vencido la resistencia del colectivo zaplanista y el último revés de los tribunales y se ha asegurado la nominación para revalidar por cuarta vez el cargo. Díaz Alperi y dos de sus concejales (Sonia Castedo, de Urbanismo, y Luis Concepción, de Tráfico) han sido imputados por cinco supuestos delitos, entre ellos prevaricación y tráfico de influencias, derivados de la adjudicación de tres aparcamientos subterráneos al promotor local Enrique Ortiz. El alcalde está además acusado en el sumario por el desfalco de seis millones de euros en la empresa pública Mercalicante.

El miércoles pasado, Díaz Alperi respiró con alivio. El comité electoral, tras un pacto entre dirección nacional, regional y provincial, respaldó su candidatura.

En cambio, el alcalde de Orihuela (75.000), José Manuel Medina, en el cargo desde 1996, ha anunciado que no opta a la reelección. Su decisión se produce tras reconocer ante la juez que vive en un chalé y usa un Rolls Royce propiedad de un promotor beneficiado con adjudicaciones municipales. El alcalde tiene que hacer frente a otras 15 denuncias, todas a instancias de la Fiscalía Anticorrupción por hechos delictivos en la gestión urbanística y económica del consistorio. El alud judicial y la pérdida de confianza del presidente regional, Francisco Camps, presionado por la dirección nacional del PP, han abocado a Medina a olvidarse de la reelección.

El regidor de Torrevieja (84.000), Pedro Ángel Hernández Mateo, en el cargo desde 1987, optará a su quinta reelección pese a su doble imputación judicial y el último escándalo de las supuesta torturas de la Policía Local a arrestados, que afecta a la cúpula del cuerpo y dos concejales más del PP, el de Seguridad y el de Sanidad. Hernández Mateo está acusado de tráfico de influencias en relación con una plusvalía de 5,2 millones de euros que le reportó la compraventa de una finca. Otro juez ha imputado al regidor y otros dos ediles, el de Hacienda y el de Personal, por un supuesto delito de prevaricación derivado de pagos de facturas sin consignación presupuestaria.

CANARIAS: El 'caso Faycán'.

Entre los casos de corrupción destapados en Canarias en este año, el 1 de marzo se produjeron las primeras detenciones del denominado caso Faycán, una supuesta red de cobro de comisiones en obras públicas y suministros integrada por una docena de políticos, empresarios y empleados del municipio de Telde (localidad de 96.000 habitantes en el sureste de la isla de Gran Canaria), gobernada por un alcalde del PP en alianza con la agrupación vecinal Ciuca. Ya han pasado 16 personas ante el juez que instruye el caso, entre ellas la principal imputada, concejal popular de Obras Públicas (María Antonia Torres), la concejal popular de Fiestas, Guadalupe López, y su marido, Salvador Santana, además de Candelaria Sánchez, edil de Ciuca, con responsabilidades en Aguas, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y cohecho. El alcalde de Telde, Francisco Valido (PP), ha anunciado que no presentará su dimisión.

La suspensión de sus funciones de las tres concejales deja al grupo de gobierno municipal en minoría, con 11 ediles (6 del PP y 4 de Ciuca) frente a 12 de la oposición (integrada por los partidos Nueva Canarias, PSOE, Coalición Canaria y Centro Canario Nacionalista). Esos tres concejales suspendidos de militancia no repetirán en las listas, según las previsiones del PP.

Otros dos casos de presunto fraude a las arcas públicas se debaten actualmente en sendas comisiones de investigación en el Parlamento de Canarias. El caso eólico mantiene abierta la vía judicial e intenta desenmarañar una trama político empresarial para hacerse con las máximas concesiones posibles en un concurso para explotar aerogeneradores en las islas. Un ex empleado de una de las empresas que optaba al concurso reveló una trama originada desde la Dirección General de Industria, gobernada entonces por el PP, que finalmente no obtuvo los beneficios millonarios que esperaba porque el Gobierno de Canarias suspendió la convocatoria. Este caso, además del enconamiento de los populares con el Gobierno central y discrepancias en materia de menores, provocó la ruptura del pacto de gobierno entre Coalición Canaria y PP en junio pasado.

MURCIA: Renuncias y expulsiones.

El hasta hace un mes regidor de Los Alcázares (12.000), el socialista Juan Escudero, presentó su dimisión después de que la dirección regional se lo solicitara tras hacerse públicas las inversiones del presunto cerebro de la trama de corrupción de Marbella, Juan Antonio Roca. Además, el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Murcia, Manuel López Bernal, investiga la actuación del arquitecto municipal de Los Alcázares, Mariano Ayuso, quien aparecía de forma recurrente en los papeles intervenidos a Roca en Marbella. Pese a su dimisión, Escudero sigue siendo diputado regional, con lo que es aforado.

Otro de los alcaldes que han cedido su puesto es el socialista Miguel Navarro, que gobernaba Lorca (90.000). El motivo fue su oposición a las decisiones del secretario general de Murcia, Pedro Saura, quien ha optado por la crítica frontal contra el modelo de desarrollo auspiciado por el presidente de la comunidad, Ramón Luis Valcárcel (PP). Navarro es, además, un ferviente partidario del trasvase del Ebro, una infraestructura cuya construcción ha sido paralizada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Navarro podría seguir siendo candidato del PSOE murciano a la Asamblea Regional, con lo que seguiría siendo aforado.

En el municipio de Águilas, (31.000), seis ediles del PSOE fueron expulsados del partido (ahora han creado una formación localista para presentarse a los comicios) tras no hacer caso a las directrices de la dirección y votar a favor de la urbanización de un paraje protegido por la Unión Europea (UE) denominado La Zerrichera. El apoyo al proyecto también le costó el puesto al edil popular José López, quien votó en un pleno la reclasificación de los terrenos que días antes había comprado para después venderlos al empresario Trinitario Casanova Abadía. Éste habría ganado unos 75 millones de euros al revender la finca a la Caja de Ahorros de Guipúzcoa y San Sebastián (Kutxa).

También en el PP otros concejales marcados por las denuncias de presuntas irregularidades o tratos de favor a sus socios han mostrado su intención de no continuar en el cargo. Es el caso del número tres del PP murciano y concejal de Fomento del Ayuntamiento de Murcia (415.000), Antonio Sánchez Carrillo, quien anunció al presidente Valcárcel su intención de dimitir, aunque sólo cuando un juzgado aceptara una querella contra los miembros de la oposición municipal del PSOE. Fuentes del PP apuntan a la posibilidad de que Sánchez Carrillo entre en las listas para la Asamblea Regional, con lo que adquiriría también la condición de aforado.

El concejal de Urbanismo de Murcia, Fernando Berberena, quien también fue criticado por aprobar la reclasificación de un terreno destinado a viviendas para jóvenes en la capital regional a uno de sus socios, ha adelantado que volverá a sus negocios inmobiliarios en mayo de 2007 tras su salida del ayuntamiento.

ANDALUCÍA: Líos urbanísticos.

El edil de Urbanismo de Rota (27.000 habitantes, Cádiz), Antonio Peña (PP), está imputado por prevariación en la tramitación de un expediente de urbanización en suelo privado, cuya empresa propietaria acusa al concejal de hacerse de manera ilícita con la titularidad mayoritaria de la parcela. Quiere volver a presentarse.

En El Puerto de Santa María (82.000), el ex alcalde, el independiente Hernán Díaz, que fue socio de gobierno del PSOE, fue condenado a seis años de inhabilitación por prevaricación en el nombramiento de un cargo de la Policía Local. Su concejal de Urbanismo, Juan Carlos Rodríguez, del mismo grupo independiente, está acusado de prevaricación por no impedir el desarrollo urbanístico ilegal en suelo protegido.

En Medina Sidonia (11.000), el PP ha presentado denuncias contra el alcalde y el concejal de Urbanismo, los socialistas Francisco Carrera y Rafael González, por prevariación y cohecho. Los acusa de "persecución política" por paralizar las obras de rehabilitación de la vivienda del portavoz popular, Sebastián Sánchez.

En Sanlúcar de Barrameda (63.000), el secretario local del Partido Andalucista, Antonio Prats, ha sido condenado a un año de prisión y de inhabilitación para cargo público por atentar contra el alcalde y agentes de la autoridad durante una movilización de los empleados municipales de limpieza en 2001. La condena ha sido recurrida y Prats será candidato en 2007.

El ex alcalde de Chipiona (18.000), Luis Mario Aparcero, y el de Sanlúcar, Agustín Cuevas, ambos del PSOE y en la actualidad sin actividad política, fueron condenados el pasado mayo por el caso Sanlúcar: el intento de soborno a un concejal del PP en 1999.

El alcalde de La Línea de la Concepción (63.000), el popular Juan Carlos Juárez y ex del GIL, será candidato a pesar de estar imputado por el caso de los contratos, una denuncia interpuesta por el que fue secretario general del Partido Socialista de la Justicia, el abogado Emilio Rodríguez Menéndez. Éste, ahora en prisión, acusó a Juárez de contratar de forma irregular en el Ayuntamiento a casi un centenar de personas. El PP ha dado su apoyo a Juárez.

El alcalde de la localidad granadina de Almuñécar (25.000), Juan Carlos Benavides (Convergencia Andaluza), dice que no tiene claro si se presentará a la reelección de un cargo que ha ejercido más de 20 años, en los que ha representado a cinco siglas distintas (PSOE, Colectivo Pablo Iglesias, Partido Socialista del Pueblo Andaluz, PA y Convergencia Andaluza). Sostiene que en su decisión final no influirán las decenas de procesos judiciales abiertos contra él, la mayoría por irregularidades urbanísticas. Una sentencia le condenó en 2003 por malversación de fondos públicos a través de la empresa municipal Tropical Fruits (creada para promocionar y comercializar frutos subtropicales).

Agustín Pavón, alcalde de la localidad sevillana de Camas (26.000), está imputado por el intento de compra de una ex concejal y ha mostrado su interés por presentarse de nuevo como candidato a la alcaldía por Izquierda Unida. La asamblea local de IU ha pedido a la dirección regional que anule la suspensión de militancia y readmita a Pavón.

En Almería, Carboneras (7.300 habitantes), el actual alcalde, Cristóbal Fernández (PSOE), podría repetir candidatura a pesar de que el Tribunal Supremo ha confirmado una condena de inhabilitación de seis meses por delito electoral. La sentencia no se ha ejecutado a la espera de que se resuelva la petición de indulto firmada por más de 12.000 vecinos. Fernández quiere repetir como candidato.

En el municipio costero malagueño de Manilva (10.000), el PP, sin representación en el Ayuntamiento, ha aceptado la propuesta del Partido Democrático de Manilva, formado por antiguos concejales del GIL, de canalizar las iniciativas que los populares quieren presentar hasta las elecciones de mayo. El PDEM fue fundado por el ex alcalde Pedro Tirado, detenido en la operación Ballena Blanca contra el blanqueo de capitales.

Han colaborado en esta información, Tono Calleja, Juan Manuel Pardellas, Santiago Navarro, Francisco J. Román, M. J. López Díaz, Cándido Romaguera, Reyes Rincón y Fernando Pérez