São Paulo, el poder tras las rejas

Mañana unos 90.000 policías militares saldrán a las calles de São Paulo para tratar de evitar que las elecciones presidenciales puedan quedar empañadas por el Primer Comando de la Capital (PCC). Una organización criminal, en principio oculta, que, aunque ausente en la campaña electoral, en los últimos años ha crecido tanto que no sólo funciona según sus propias reglas al margen del Estado, sino que el pasado mayo demostró que, con una orden de sus líderes emitida por teléfono móvil, es capaz de sembrar el terror y paralizar durante días la mayor ciudad del hemisferio sur. La organización que en 1993 fundaron cuatro presos mientras jugaban en el patio de una cárcel se ha convertido en apenas 11 años en un poderoso grupo que controla el crimen organizado en todo el Estado de São Paulo.

Las cárceles brasileñas están ocupadas al 132% de su capacidad

Dirigido desde prisión por Marcos Herbas Camacho, Marcola, el PCC tiene algunos de sus feudos en el mismo corazón de la capital. En el barrio de Morumbí se levantan algunas de las viviendas más lujosas de São Paulo, rodeadas de grandes parcelas y protegidas por altos muros equipados con sistemas de detección, rejas y guardias de seguridad. Junto a ellas, prácticamente sin solución de continuidad, se encuentra Paraisópolis, una colección abigarrada de chabolas que se apiñan unas contra otras en precario equilibrio y donde viven 80.000 personas. En teoría son 17.700 chabolas, la mitad de las cuales no tiene servicios esenciales, incluyendo el alcantarillado, y que sobrevive fundamentalmente gracias a que muchas de las mujeres que allí habitan trabajan como empleadas domésticas ya sea en los palacetes adyacentes de la clase alta o, en dirección contraria, en una extensa zona de edificios y casas de la clase media paulista.

"Los chicos tienen demasiado tiempo libre. Aquí hay un solo campo de fútbol y no pueden hacer nada", subraya José Rolím Da Silva, presidente de la Unión de Moradores de Paraisópolis, cuya sede se encuentra en la calle Ernest Renan, la más amplia de la favela, por la que apenas caben dos automóviles que vayan en direcciones opuestas y de la cual parten multitud de callejones. En Paraisópolis puede entrar cualquiera, pero para los extraños es mejor pactar la salida con las autoridades.

La favela, la segunda más grande de São Paulo, es considerada una de las zonas más peligrosas de la ciudad, con récords de secuestros express y tráfico de drogas. Sin embargo, en los últimos cinco años, los que han coincidido con el crecimiento del PCC, la tasa de homicidios ha descendido extraordinariamente. En Paraisópolis la reducción ha sido de un 38% y en toda São Paulo el índice alcanza el 60%. "En esta favela apenas hay unas ocho muertes violentas al año, antes había muchas", asegura el presidente de los vecinos de Paraisópolis. "Demasiado optimista, pero es cierto que el descenso es notable", rebate una fuente policial.

Este éxito se debe a una combinación de factores entre los que se incluye la actuación policial, de ONG y de organizaciones barriales que tratan de prevenir la violencia... y el crecimiento exponencial de la influencia del PCC, que impone una férrea disciplina entre sus miembros y ha terminado en gran parte con las interminables guerras entre una miríada de bandas de mayor o menor tamaño. Sin embargo, el método para imponer esta especie de pax romana no ha sido el uso de la fuerza contra las bandas rivales, a las que tarde o temprano habría terminado derrotando, sino el pacto en las tareas y el reparto de beneficios al más puro estilo de una asociación empresarial. El PCC se convierte así en una especie de franquicia que recibe los beneficios, marca las líneas generales pero permite la explotación autónoma de la zona en disputa.

Con un decálogo de comportamiento encabezado por la lealtad total al grupo pero al mismo tiempo ofreciendo protección, un sistema de financiación y asistencia legal a los miembros en dificultades y, sobre todo, con una oferta de sentido de pertenencia a algo, el PCC se ha convertido en una aspiración para miles de jóvenes de las barriadas más pobres de São Paulo. Estos crecen en un ambiente marcado por la pobreza sin expectativas aparentes y con un sistema educativo profundamente desigual, que prácticamente condena al fracaso escolar a las clases más desfavorecidas. La Universidad pública en Brasil es de gran calidad, pero las enseñanzas básica y media pública son muy malas. El resultado es que a la Universidad pública acceden los alumnos que vienen de la enseñanza privada, algo totalmente fuera del alcance de las familias con escasos recursos.

El PCC ha desarrollado su propio sistema de formación. Los jóvenes comienzan cometiendo pequeños delitos y cuando finalmente son detenidos e ingresan en prisión entran en lo que algunos sociólogos brasileños denominan la "universidad del crimen". Allí, en un ambiente de extrema violencia, amedrentamiento y vulnerabilidad, los jóvenes presos prácticamente se echan en brazos del crimen organizado que, en teoría, les garantiza un mínimo de seguridad. En Brasil en la actualidad hay 330.000 presos, de los que 180.000 permanecen entre rejas en régimen cerrado y el resto en régimen abierto o semiabierto. Las cárceles brasileñas están ocupadas al 132% de su capacidad. La policía estima que, ya sea de forma directa mediante la pertenencia o indirecta a través de la presión, el PCC controla al 90% de los reclusos del Estado de São Paulo.

Durante los siete primeros años de actividad del PCC el Gobierno de São Paulo negó su existencia acusando a la prensa de haber creado una especie de leyenda urbana. Al fin y al cabo el PCC como tal apenas era reconocido como otra banda organizada responsable de motines esporádicos en diversas cárceles del Estado. Pero en 2001 llegó su primera acción a gran escala con el estallido de 25 motines simultáneos y coordinados en otros tantos penales. Tras una guerra interna en la jefatura de la banda las autoridades dieron en 2002 al PCC por liquidado, pero ese mismo año Marcola asumió la dirección y la influencia de la banda siguió creciendo sin freno. Su última acción fue poner de rodillas al Estado durante una interminable semana del pasado mayo que se saldó con dos centenares de muertos, miles de millones en daños a la economía local y la sensación de que existe un Estado dentro del Estado de São Paulo. Un Estado que mañana no celebra elecciones.