Socialistas y PP piden al Tribunal de Cuentas que profundice más en sus informes

Los grupos parlamentarios del PSE y el PP criticaron ayer que el Gobierno vasco "incumple" de manera "recurrente" la normativa legal en materia presupuestaria y emplazaron al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas a "profundizar" más en sus informes de fiscalización. El vicepresidente del órgano de fiscalización, Jesús Álvarez Galdós, presentó ayer ante una comisión parlamentaria el informe de fiscalización de la cuenta del Gobierno de 2004.

Desde el PSE, Joana Madrigal expresó la "profunda preocupación" de su grupo por la "repetición" de "incumplimientos". Madrigal sostuvo que el Ejecutivo convalidó entre 2002 y 2004 operaciones por valor de 34 millones de euros que previamente habían sido informadas negativamente por la Oficina de Control Económico.

Aseguró además que entre 1998 y 2005 el Gobierno ha dispuesto de 2.768 millones de euros de los que el Parlamento "no ha sabido absolutamente nada". Según Madrigal, esa cantidad se corresponde con la diferencia que hay entre el cierre presupuestario y lo que finalmente se recauda por las aportaciones de las Haciendas forales, que suelen ser mayores de lo previsto.

La representante del PSE pidió al tribunal que analice de manera "exhaustiva" en qué se ha gastado el Ejecutivo estas cantidades, porque es una cuestión "recurrente" y criticó "irregularidades" en la concesión de subvenciones directas.

Antonio Damborenea, del PP, indicó que el Gobierno dispuso en 2004 de 464 millones de euros "de los que no debería haber dispuesto conforme a la Ley de Prórroga".

Legislación "vaga"

El vicepresidente del órgano auditor explicó que la legislación sobre prórrogas presupuestarias "es muy vaga y deja muchos vacíos a interpretar, y ni la propia Ley de Prórroga recoge qué hay que hacer".

Madrigal opinó que, si hay una "debilidad" en la normativa, lo que debería hacer el tribunal es llevar a la Cámara una propuesta para corregir la situación. Álvarez se comprometió a hacer un mayor esfuerzo de profundización, pero recordó que la institución no tiene capacidad para exigir ni imponer las recomendaciones que hace.

Respecto al informe de 2004, Álvarez recordó que el tribunal opina positivamente sobre la actuación general del Gobierno, pese a que enumeró una serie de excepciones: créditos en el presupuesto prorrogado de 2004 "que de acuerdo con la legislación aplicable no debieran haberse prorrogado", incumplimiento de legalidad en la contratación de obras o en una subvención de 30.000 euros concedida por Justicia para una expedición al Himalaya y facturas a personas que han desarrollado labores de asesoramiento en Vivienda y Asuntos Sociales que debería haber cubierto personal de la Administración.