Un promotor imputado en la Operación Malaya logró ventajosos convenios urbanísticos

El Cuerpo Nacional de Policía considera que Construcciones Salamanca, una sociedad presidida por uno de los empresarios imputados de cohecho en la Operación Malaya, Emilio Rodríguez Bugallo, recibió "cuanto menos un trato de favor" en decisiones del Ayuntamiento de Marbella durante los años en los que éste estuvo controlado en la sombra por el entonces asesor de urbanismo Juan Antonio Roca. En los últimos cuatro años, Construcciones Salamanca firmó con el consistorio seis convenios urbanísticos por los que obtuvo considerables aumentos de edificabilidad en sus promociones urbanísticas. Las licencias de tres de ellas se encuentran impugnadas en los tribunales de justicia.

La policía tiene indicios de que esta constructora saldó a principios de este año con la entrega de varios pisos la deuda de 1,4 millones de euros que la corporación municipal presidida entonces por Marisol Yagüe arrastraba con el concesionario de la grúa, que también se encuentra imputado en la causa.

El juez instructor del caso investiga si Construcciones Salamanca y otras promotoras inmobiliarias pagaron comisiones a Roca, gerente de urbanismo en los sucesivos gobiernos municipales del Grupo Independiente Liberal (GIL), a cambio de las licencias y concesiones urbanísticas. Rodríguez Bugallo está imputado de un presunto delito de cohecho y tras ser detenido en junio quedó en libertad bajo fianza de 500.000 euros. Parte del sumario que aún permanece bajo secreto.

Entre octubre de 2001 y junio de 2005, el Ayuntamiento de Marbella y Construcciones Salamanca firmaron al menos siete convenios urbanísticos por los que se otorgaba a la constructora un mayor techo edificable en sus parcelas, como mínimo el doble, respecto a los contemplados en el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) vigente. En todos ellos, el Ayuntamiento renunciaba a los aprovechamientos urbanísticos a los tenía derecho en favor de la promotora a cambio de determinadas cantidades de dinero. Algunos de estos convenios contaron con un informe de reparos del interventor municipal por carecer de informes de valoración económica del servicio de urbanismo.

Arreglar la deuda

De las escuchas telefónicas intervenidas por la policía a los imputados en la Operación Malaya, se derivan indicios de que el presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca, pidió ayuda a Rodríguez Bugayo para "arreglar" la deuda municipal con el concesionario de la grúa, Ismael Pérez Peña. En ese momento el Ayuntamiento tenía pendientes de ratificar los dos últimos convenios firmados por Yagüe con la constructora, uno de ellos para levantar un edificio de nueve plantas de hotel, comercios y oficinas adosado a la plaza de toros de Puerto Banús.

Algunas de estas conversaciones son de Pérez Peña y su esposa cuando visitaban una promoción de Construcciones Salamanca en Puerto Banús para elegir los pisos.

La constructora de Rodríguez Bugayo, constituida en 1992, operó en Madrid hasta que en 1998 aterrizó en Marbella. Según informes policiales, sus beneficios aumentaron desde entonces de manera más que significativa. En 1998 vendió por importe de 7,5 millones de euros, mientras que en 2004 alcanzó los 13,1 millones Sus activos se multiplicaron por 13, pasando de 11,7 a 153 millones de euros.

[El despacho de abogados Díaz de Mera no tiene ninguna relación con el supuesto cerebro de la trama de corrupción en Marbella, Juan Antonio Roca, ni su titular es primo del ex director general de la Policía, Agustín Díaz de Mera como público este periódico el pasado jueves siguiendo una carta anónima incluida por el juez en el sumario del caso Malaya. Antonio Díaz de Mera Lozano, socio del despacho con sede en Ciudad Real y Marbella, aseguró a este periódico por escrito que no conoce "ni profesional ni personalmente a Roca" ni ha mantenido relación alguna con personas de su entorno. El abogado precisó que "no tiene ningún parentesco familiar" con Agustín Díaz de Mera].