El Gobierno advierte a ETA de que el terrorismo callejero bloquea el proceso

El Gobierno advirtió ayer a ETA y Batasuna de que el proceso de paz en Euskadi quedará bloqueado si persiste la violencia callejera. "La democracia es incompatible con la violencia, como lo es el diálogo con el chantaje", señaló el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, en referencia a los numerosos ataques de kale borroka perpetrados este mes y al acto público del sábado en Oiartzun, en el que tres etarras leyeron una declaración de ETA y dispararon al aire. El ministro insistió, como hizo la víspera el jefe del Gobierno, en que el Ejecutivo mantendrá una posición de "firmeza" ante el rebrote violento.

La advertencia del Gobierno se traduce en que mientras exista "cualquier tipo de violencia", incluida la kale borroka, no dará pasos como medidas penitenciarias a favor de los presos de ETA. La advertencia viene a cuento porque en el proceso de paz fallido de 1998-99, el Gobierno de José María Aznar decidió acercamientos de 130 presos de ETA a las cárceles del País Vasco en plena ofensiva de la kale borroka.

El Gobierno socialista, tanto en la resolución parlamentaria de mayo de 2005 como en la declaración institucional del presidente Rodríguez Zapatero de junio de 2006, se comprometió a no dar pasos en el proceso mientras ETA no manifieste claramente su abandono de la violencia. Pérez Rubalcaba reafirmó ayer dicho compromiso. ETA, a su vez, en la declaración de alto el fuego permanente del pasado 22 de marzo, se comprometió a cesar todo tipo de violencia, incluida la kale borroka.

La Moncloa mantiene, por el momento, la tesis de que lo sucedido en Oiartzun (Guipúzcoa) fue un acto de ETA y no de disidentes de la banda. No obstante, estima que fue un acto singular -jamás ETA ha escenificado una actuación pública con disparos al aire, con un estilo propio del IRA-, que no contó con la presencia de ninguno de los dirigentes de Batasuna, y el comunicado leído por los encapuchados no tuvo en el diario Gara, próximo a la izquierda abertzale, la presencia que este medio le otorga a los comunicados oficiales de ETA.

El Ejecutivo sitúa tanto el acto de Oiartzun como el rebrote de la kale borroka -que tiene un fuerte componente de protesta por la situación de los presos etarras- en la línea anunciada por ETA, en su comunicado del 18 de agosto, y secundada por los portavoces de Batasuna, de presionarle para que ceda en el proceso.

Cree, también, que ETA y Batasuna han fijado un límite máximo a su presión -la kale borroka-, y de ahí que los principales protagonistas gubernamentales del proceso de paz, Zapatero y Pérez Rubalcaba, hayan decidido lanzarles una seria advertencia de que no están dispuestos a tolerar ningún tipo de presión, ni "terrorismo de baja intensidad", como se llamó a la kale borroka, en el proceso de 1998-1999 que el Ejecutivo no está dispuesto a repetir.

ETA y Batasuna han elegido un momento crucial del proceso de paz para presionar al Ejecutivo, con el próximo encuentro entre el Gobierno y ETA para abordar el final de la violencia y la reinserción de presos, y los contactos bilaterales y discretos de los partidos vascos para llegar a un preacuerdo sobre la constitución de la mesa de partidos. Las fuentes gubernamentales consultadas creen que "los escollos [centrados en el preacuerdo de la mesa de partidos y posterior legalización de la izquierda abertzale] son superables".

El ministro del Interior, en línea con el presidente del Gobierno, la víspera, expresó su confianza en la continuidad del proceso del fin del terrorismo, aunque insistió en la necesidad de que ETA y Batasuna cumplan los requisitos de "ausencia de violencia y cumplimiento de las leyes para convertir la esperanza en paz".

Desde la legalidad

Además del cese de la violencia, el Gobierno confía en que ETA y Batasuna asuman que el proceso del fin de ETA se desarrollará desde la legalidad, como anunció Zapatero, en su declaración institucional del 29 de junio, que fue tan bien acogida por la izquierda abertzale.

En dicha declaración, Zapatero señaló que la Ley de Partidos seguiría vigente. Ayer, Pérez Rubalcaba volvió sobre la cuestión, al señalar que "las reglas de juego no las vamos a cambiar porque han permitido llegar al actual estado de cosas". También aludió Zapatero a que los cambios políticos en el País Vasco, en los que trabajará la futura mesa de partidos, se harán con absoluto respeto a la ley.

El Gobierno afronta en estos momentos un desconcierto social, sobre todo por el rebrote de la kale borroka, que considera lo más grave de la situación por la que atraviesa el proceso.

Por lo demás, el Ejecutivo rechaza el "alarmismo" y niega que le haya llegado ningún ultimátum o plazo de ETA bajo la amenaza de romper el alto el fuego. Por el contrario, el Ejecutivo cree que el proceso de paz no fracasará y no tendrá marcha atrás, pese a sus convulsiones momentáneas. Estima que el proceso necesita tiempo para que vaya siendo asumido por las bases de ETA y de Batasuna y el Gobierno está dispuesto a darlo siempre que no recurran a la violencia como arma de presión.