Un juzgado paraliza en Zurgena una promoción de viviendas vendida a británicos

Almería - 26 sept 2006 - 00:00CEST

Un juzgado de Huércal-Overa ha precintado cautelarmente 41 viviendas de una promoción inmobiliaria en el paraje del Barranco de los Pinos, en el término municipal de Zurgena (Almería). De la promoción, ya construida, 35 viviendas han sido adquiridas por ciudadanos británicos.

La jueza ha dictado este auto basándose en las diligencias previas abiertas por el fiscal especial de Delitos sobre la Ordenación del Territorio por presunta construcción residencial en suelo no urbanizable. El expediente está informado por la Policía Autonómica que, según fuentes de la Delegación de Obras Públicas, se dirigió al lugar en busca de "otra promoción" denunciada por la Delegación y localizó estas otras casas.

El delegado de Obras Públicas de la Junta en Almería, Luis Caparrós, responsabilizó al Consistorio de lo ocurrido. "Estas son las consecuencias de cuando se construye en no urbanizable y con más gravedad cuando tienen licencia del Ayuntamiento. Desde el Ayuntamiento de Zurgena, gobernado por el PA, aseguran que las obras son legales y que se basaron en la normativa provincial para autorizarlas. El alcalde, Cándido Trabalón, ha presentado recurso contra esta medida judicial.

Por otro lado, Los Verdes de Andalucía presentaron ayer en la Audiencia Provincial de Córdoba una denuncia por un presunto "delito de malversación de fondos públicos" en el Ayuntamiento de Almodóvar del Río, gobernado por IU. Esta irregularidad estaría ligada al proyecto de Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio, en el que se prevé triplicar el número de viviendas.

Francisco Garrido, portavoz de Los Verdes, habla de un convenio entre el Consistorio y la constructora ATSA (Ángel Tirado S. A.) por el que se permite la construcción de 560 viviendas. A cambio de las modificaciones pertinentes, aún no realizadas porque no se ha aprobado el PGOU, "la constructora se comprometió a pagar 6,3 millones de euros". Según Los Verdes, ya se han pagado 1,3 millones de euros, informa M. Planelles.

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