El Gobierno da por irreversible el proceso de paz

El proceso de paz del País Vasco, iniciado con el alto el fuego de ETA del 22 de marzo de 2006, del que se cumplen seis meses este fin de semana, atraviesa por su peor momento desde su inicio, con el rebrote de la kale borroka (muy vinculado a la huelga de hambre del preso de ETA Iñaki de Juana) y la presión de Batasuna para que se constituya la mesa de partidos. Pero este proceso es, también, inédito respecto a sus precedentes de 1989 y de 1998-1999. En este caso, el Gobierno parte de la base de que el proceso de paz, aunque sometido a numerosos obstáculos, no tiene marcha atrás.

El rebrote de la violencia callejera se abordará en el primer y próximo encuentro entre el Gobierno y ETA. Para el Ejecutivo, que mantiene su hoja de ruta respecto a esta reunión, "la kale borroka es incompatible con el proceso de paz". ETA, en su declaración de alto el fuego permanente, se comprometió a cesar todo tipo de actividad violenta.

Batasuna y ETA analizaron, antes de la tregua, los fracasos de procesos anteriores

En cuanto a la mesa de partidos, cuya constitución exige Batasuna, las principales formaciones políticas vascas trabajan, desde hace un par de semanas, a través de contactos bilaterales y discretos, en la búsqueda de un preacuerdo sobre la metodología y funcionamiento de dicha mesa.

La mesa de partidos se constituirá oficialmente una vez que la izquierda abertzale sea legal. Batasuna reclama, desde julio, garantías a los socialistas sobre la constitución de dicha mesa ante el temor de que se la margine del proceso. Los socialistas y los demás partidos vascos han decidido dar esas garantías, pues la constitución de la mesa estaba prevista en sus planes como instrumento para la reforma del Estatuto.

Los partidos vascos y el Gobierno confían en que el proceso se encauce en las próximas semanas por ambas vías: la del Gobierno-ETA, con el cese de la kale borroka y la adopción de medidas penitenciarias, y la de los contactos entre los partidos para llegar al preacuerdo sobre la mesa.

Pero el Gobierno considera, sobre todo, y no sólo por la vía del análisis, de que ETA ha apostado estratégicamente por la irreversibilidad del proceso de paz. Esto no obsta para que el proceso no sufra tensiones surgidas, especialmente, desde sectores de Batasuna que no han entendido la oportunidad que el Gobierno ha ofrecido a ETA de un final digno por la vía del diálogo.

A estos sectores les falta la pedagogía de un proceso que tuvo una larga gestación en el ámbito de la dirección de Batasuna, con los contactos que mantuvo con el PSE desde 2002, primero. Y seguidos por las conversaciones indirectas del Gobierno con la dirección de ETA, en julio y noviembre de 2005. La discreción del proceso está acarreando un riesgo, el de su desconocimiento y la falta de visión de la realidad en sectores abertzales.

La larga etapa de conversaciones, previa al alto el fuego, dedicó, precisamente, mucho tiempo a analizar los fracasos de los procesos de paz anteriores: el de Argel, en 1989, protagonizado entre el Gobierno de Felipe González y ETA; y el de 1998-99, con el Pacto de Lizarra, de los partidos nacionalistas vascos, como motor, y las conversaciones del Gobierno de Aznar con la banda terrorista en Suiza como complemento.

ETA y la dirección de Batasuna concluyeron que el fracaso de Argel consistió en que, en esa ocasión, se mezclaron las negociaciones políticas con las de paz. De ahí surgió la separación de las dos mesas, asumida en este proceso de alto el fuego: la de paz, entre el Gobierno y ETA, y la política, entre los partidos vascos.

También asumieron que el fracaso de la tregua de 1998-99 radicó en que el acuerdo entre partidos nacionalistas, el Pacto de Lizarra, motor del proceso, había marginado a las formaciones no nacionalistas. De ahí que la mesa de partidos, que decidirá el futuro político del País Vasco, con la reforma del Estatuto, será plural.

Junto a ello, como trasfondo, está la reflexión interna de ETA, con la asunción de que la izquierda abertzale asuma el protagonismo del proceso político y el paralelo abandono de la violencia, tras su debilidad operativa, el protagonismo del terrorismo internacional, el abandono del IRA y el rechazo social a la violencia en el País Vasco.

El resultado de esa reflexión de ETA son tres años y cuatro meses sin atentados mortales y más de seis meses sin atentados con explosivos, con una declaración permanente de alto el fuego. Un gran contraste con los procesos anteriores, en que el alto el fuego de ETA estuvo precedido de una fuerte campaña de atentados, como acumulación de fuerzas, previa a la negociación.

A su vez, en este proceso, Batasuna ha tomado un protagonismo del que careció en los anteriores, como preludio del papel político que asumirá la izquierda abertzale cuando ETA desaparezca.

Los principales protagonistas y conocedores del proceso son quienes más creen en que es irreversible, en la medida de que están convencidos en que ya tiene un largo e importante recorrido. Precisamente, los conflictos han surgido, sobre todo, con la mesa de partidos, la parte del proceso no desarrollada por los representantes enviados por el Gobierno, en sus conversaciones con ETA, al ser competencia de los partidos.

El proceso ha mostrado, también, en estos seis meses, otra garantía añadida en la solidez de las relaciones del jefe del Gobierno con el líder del PNV, Josu Jon Imaz. No sucedió en los procesos anteriores, donde el PNV se mostró crítico con el Gobierno, en 1989 y en 1998.

También el Gobierno ha aprendido de procesos anteriores y no dará ningún paso -por ejemplo, en política penitenciaria- hasta conocer la actitud de ETA en su próximo encuentro. Ha tolerado gestos políticos, como la reunión del secretario general del PSE, Patxi López, con el portavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi, que supuso su reconocimiento como interlocutor de una organización ilegal.

El proceso presenta, también, rasgos inéditos en su faceta negativa, como el rechazo del Partido Popular, aunque funciona un cauce discreto de comunicación con su líder. Pero, a la par, la implicación de la UE es mayor a la de procesos anteriores.