Cuarto fin de semana de 'kale borroka'

La persistencia de la violencia callejera no aguanta la verificación que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero se impuso tras el alto el fuego de marzo para iniciar los contactos oficiales con ETA. Desde el mes de junio hasta este fin de semana se han reproducido los ataques con bombas incendiarias, sabotajes contra sedes de Correos, partidos y la quema de autobuses, cajeros, contenedores y vehículos particulares. Unos cuarenta, en total.

Entre la madrugada del 2 de septiembre -fecha del ataque con ocho cócteles mólotov contra la Subdelegación del Gobierno en la capital alavesa perpetrado por varios encapuchados- y los sabotajes de ayer en diferentes localidades del País Vasco (juzgado de paz en Markina y quema de contenedores en Bilbao) y en la capital navarra (cócteles contra Onda Cero y quema de contenedores), no ha habido ni un sólo fin de semana en el que no se hayan producido incidentes de grupos violentos de apoyo a la estrategia de ETA. La policía vasca cree que la quema de un vehículo ayer en Rentería no era un sabotaje. Esta semana, incluso se han registrado actos de sabotaje en Euskadi a plena luz del día.

"Es como en 1999, cuando ETA presionaba con sabotajes", afirma un agente vasco

"Es como si de golpe nos hubiéramos colocado en el escenario de la anterior tregua de ETA, en 1999, cuando los terroristas no mataban, pero mantenían la kale borroka para amedrentar, condicionar y hacerse presentes en el proceso", asegura a este periódico un miembro de la Ertzaintza (policía vasca) con un amplio conocimiento de la violencia etarra en Euskadi. La estadística, sin embargo, no aguanta del todo esta comparación. Tomando incluso, a todas luces abultada, la cifra que maneja el PP de que desde el inicio de la tregua se han producido 120 incidentes de violencia callejera (seis meses), la situación queda muy lejos de los 879 ataques de la tregua anterior (que duró 15 meses).

El tercer informe de verificación de Mikel Buesa, dirigente del Foro Ermua, grupo que ha criticado duramente la decisión de Zapatero de abrir el diálogo con ETA para acabar con la violencia, cifraba en 89 los incidentes de "terrorismo callejero" a 31 de agosto, con un coste aproximado de 515.000 euros. Pero sí es cierto que el cuarto comunicado de ETA tras el anuncio del parón terrorista, difundido el 21 de junio, marcó un punto de inflexión que ya se había anticipado en la entrevista de Gara del 14 de mayo, cuando dos encapuchados recordaron a Zapatero que le correspondía "tomar y cumplir sus compromisos para dar una salida negociada al conflicto". Un tema, el de los compromisos, desmentido por el Ejecutivo español reiteradamente, y que ETA le volvería a reprochar al presidente en su cuarto comunicado tras el alto el fuego permanente.

A partir de ahí, y coincidiendo con una amplia discusión en asambleas en el mundo de la izquierda abertzale -en el que se debatió un documento de la ilegalizada Askatasuna en el que se advertía al Estado de que no debía "chantajear" con los presos etarras y que el proceso se podía "frustrar" (ver EL PAÍS del 7 de agosto)-, se reactiva la kale borroka. Y se suceden las marchas en favor de los presos y el ex miembro del comando Madrid Iñaki de Juana Chaos comienza en agosto una huelga de hambre que ha finalizado esta semana tras ordenar la Audiencia Nacional su alimentación forzosa. De hecho, los dos comunicantes anónimos que el jueves reivindicaron en el diario Gara el sabotaje de la víspera contra la estación de Euskotren de Rentería (Guipúzcoa) y el ataque contra las instalaciones de Telefónica en Balmaseda explicaron que los ataques fueron en "solidaridad con De Juana y todo el colectivo" de presos y para "denunciar la imposición de la cadena perpetua".

Hay un dato que no ha pasado desapercibido a los observadores de la política vasca y que reflejaría la supeditación del mundo político de ETA a su brazo armado, algo que choca en principio con las tesis de la Declaración de Anoeta (noviembre de 2004) de Batasuna. Mientras los dos primeros sabotajes tras el alto el fuego (la ferretería de un edil del PP en Barañain (Navarra) y una oficina de seguros en Getxo (Vizcaya)) fueron considerados por la ilegalizada Batasuna como "dos hechos graves, muy graves", ahora, guarda silencio. O, como ha hecho Pernando Barrena, los enmarca en el "contexto político convulso" y en que lo "viejo no acaba de morir".

La estrategia del Gobierno, tanto en lo que se refiere a la kale borroka, como a las sucesivas oleadas de cartas de chantaje en estos seis meses exigiendo a empresarios el denominado impuesto revolucionario, ha sido la de minimizar ambas realidades. Tal vez porque confía en que tras la inminente reunión con ETA estos evidentes signos de que el mundo violento se resiste a dar el paso a la política mientras no tenga asegurado que Batasuna está blindada ante la justicia y que los partidos alcancen un preacuerdo sobre la mesa de partidos, desaparezcan.