El PSC de Salou pide una comisión que investigue el cese del interventor

ERC exige a la fiscalía que analice la gestión del gobierno municipal

El PSC de Salou (Tarragonès) reclamó ayer la creación de una comisión de investigación sobre las circunstancias de la suspensión de empleo y sueldo de funcionarios municipales que habían alertado al equipo de gobierno de presuntas irregularidades en su gestión. Esquerra Republicana (ERC) instará a la Fiscalía de Tarragona y al Departamento de Gobernación de la Generalitat a investigar la gestión urbanística en el municipio.

El concejal de ERC Marçal Curto calificó ayer de "pelotazo" una operación urbanística del actual concejal de Urbanismo que le permitió vender en 2004 una finca recalificada tras la aprobación del Plan de Ordenación Urbanística Municipal en 2003, según los republicanos, que exigieron ayer la dimisión del concejal por "la honorabilidad de la institución municipal".

La operación de compraventa a la que alude Curto permitió al concejal de Urbanismo, Esteve Ferran Gombau, que es también hijo del alcalde de la localidad, vender por 506.000 euros una finca que cuatro años antes había comprado por 30.000.

Esteve Ferran Gombau es uno de los tres concejales del equipo de gobierno (formado por independientes, CiU y el PP) que comparecerán mañana en rueda de prensa para dar explicaciones.

El Tribunal de Cuentas investiga en Salou la causa de que el consistorio apartara de sus funciones al interventor municipal, Juan Manuel Hernández, quien anteriormente había advertido al equipo de gobierno de que un proyecto para construir un geriátrico en 8.900 metros cuadrados de suelo público a cambio de 9.000 euros anuales por una cesión a 75 años podía no adaptarse a la legalidad (véase EL PAÍS de ayer).

Sin embargo, el gobierno local dio finalmente luz verde a este proyecto, impulsado, entre otros, por los propietarios y gestores del actual geriátrico. Entre los promotores figuran la esposa del secretario municipal, Francisco Alijo; además el ayuntamiento eximió a los constructores del pago de la licencia de obras. La empresa de la que es socia la esposa de Alijo tiene por objeto social el arrendamiento de fincas urbanas y rústicas, y no la prestación de ningún tipo de servicios sociales.

Por otra parte, el consistorio recalificó el terreno del actual geriátrico para permitir la construcción de pisos y modificó la volumetría del nuevo geriátrico, que pasó de 9.500 metros a 20.000, muy por encima de la edificabilidad del entorno, según fuentes municipales.

El interventor, que ha denunciado su cese ante el Tribunal de Cuentas, solicita al tribunal quedar exento de "responsabilidades contables". La misma denuncia la tiene el Síndic de Comptes, y otra distinta el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Tarragona, que la ha admitido a trámite e incluso ha fijado la fecha de la vista para enero.

El Ayuntamiento de Salou dijo ayer que "todo es mentira" y que hoy podrá explicar lo que ha ocurrido.

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