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Suiza pone coto a la inmigración

Los ciudadanos de la Confederación Helvética votan el domingo en referéndum una de las leyes más restrictivas de Europa para controlar la entrada de extranjeros

Los suizos están a punto de aprobar una de las leyes más restrictivas de Europa sobre el derecho de asilo e inmigración extraeuropea. Convocados a las urnas en referéndum federal el domingo, todas las encuestas y previsiones dan como seguros ganadores a los partidarios del endurecimiento de las leyes actuales en materia de extranjeros.

La naturaleza de la nueva ley que Suiza piensa aplicar puede ser resumida como un abrir de par en par las puertas a los ciudadanos de la UE y cerrarlas definitivamente a los extranjeros extracomunitarios, salvo a aquellos con un alto nivel de estudios y formación profesional.

En cuanto a los demandantes de asilo, se trata de filtrar a los falsos refugiados, a fin de evitar los abusos en las ayudas económicas y tomar todas las medidas necesarias para sacar del territorio a los rechazados. Sobriamente tituladas Ley sobre el Asilo y Ley Federal sobre los Extranjeros, estas dos propuestas serán sometidas al voto popular este domingo, aunque pocas sorpresas caben esperarse en los resultados. Todas las previsiones dan como claros vencedores a los partidarios de la línea dura.

La izquierda y los movimientos sociales ven "un endurecimiento innecesario" de la ley

La nueva ley sobre refugiados prevé penas de hasta cinco años de prisión y más de 300.000 euros de multa para quienes dieran albergue a extranjeros con una orden de expulsión en firme. Igualmente pretende eliminar todas las ayudas sociales, incluidas las de emergencia, a todos los extranjeros cuya demanda de asilo sea considerada improcedente. Entre otras medidas de fuerza, la ley propone también penas de hasta dos años de cárcel para los recalcitrantes y los extranjeros que se nieguen a abandonar el territorio de propia voluntad. La ley exige además que todo demandante de asilo pueda presentar una identificación válida (pasaporte o DNI) dentro de las 48 horas posteriores a su demanda.

En cuanto a los extranjeros, la nueva ley, que reemplaza a la actual de 1931, ha optado por abrir sus puertas a la libre circulación dentro del Espacio Schengen y restringirlo de manera radical a los extranjeros extracomunitarios. La postura que mantienen los partidarios de la ley es que la UE y Europa del Este deberían ser más que suficientes para proporcionar a Suiza la mano de obra necesaria en los empleos de baja cualificación.

La reunificación familiar para los no comunitarios será posible para los niños de hasta 12 años, a fin de permitir "la plena integración de los menores en la sociedad suiza". Pasada esa edad, en principio, las demandas de reunificación pueden ser rechazadas, aunque no así para los europeos, que pueden pedir la reunificación familiar hasta los 21 años. Esto hace que numerosos críticos hablen de "un doble rasero inmoral y una discriminación rayana en la ilegalidad".

Con más de un 20% de extranjeros, Suiza ha sido tradicionalmente un país de inmigración, en el que existen hoy más de 100.000 trabajadores clandestinos de los que más del 30% estarían ocupados en negro en el servicio doméstico. En Suiza viven unos 100.000 españoles a los que las nuevas leyes no van a afectar.

Los detractores, entre los que se encuentran la izquierda, las iglesias y numerosos movimientos sindicales y sociales, ven en estas leyes "un endurecimiento innecesario de una ley que ya es muy dura" y "la creación de dos categorías de seres humanos: los europeos y los no europeos".

"La cuestión no es si las leyes serán aprobadas o no", comentó a este periódico Alain Rebetez, analista político del semanario L'Hebdo, "sino por cuánto margen. Una victoria cercana al 70% provocaría que estas leyes sean aplicadas con un rigor sin precedentes".

Similar es la postura del Partido Socialista, que ha hecho campaña contra estas leyes y se ve resignado a la derrota. "Si estas leyes pasan, vamos a lamentarlo pero habrá que aceptar la expresión de la voluntad popular", comentó Claudine Godat, portavoz del PS. En opinión de la socialista, "estas leyes no solucionan nada y crean la posibilidad de que sean pasadas por muchas peticiones de asilo legítimas". La aplicación de la ley sobre los refugiados "puede dejar literalmente en la calle y sin recursos a más de 9.000 personas", agregó Godat.

Lucienne Girardier-Serex, pastora de la Iglesia protestante, considera que "en tanto que creyente, ayudar al necesitado forma parte de mi cultura y de mis raíces bíblicas". La religiosa afirma que "si por proteger a alguien en situación desesperada arriesgo una pena de cárcel o multa, bienvenida sea".

El analista Rebetez concluyó: "Desde hace décadas la cuestión de la inmigración y los refugiados es central en la política suiza y ha creado las bases del movimiento populista del caudillo de derechas Christophe Blocher, líder de la UDC".

* Este artículo apareció en la edición impresa del Viernes, 22 de septiembre de 2006