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Déficit de infraestructuras

La presión inmobiliaria 'se come' la reserva de suelo escolar en Valencia

El Ayuntamiento ya ha recalificado para pisos de renta libre el 10% de parcelas dotacionales

El déficit de plazas escolares públicas en el centro de Valencia y la presión inmobiliaria sobre el suelo escolar en los barrios de nueva expansión han provocado, en 11 años de gobierno del PP, un vuelco en el equilibrio entre la red pública de enseñanza y la privada concertada. La fiebre constructora se ha comido ya el 10% de la reserva de suelo para nuevos colegios mediante la recalificación de solares para hacer pisos de renta libre. Y también para beneficiar a la Iglesia y a alguna academia privada. Esto hace que la matrícula de titularidad privada se haya disparado del 30% al 60% en sólo una década.

Otras 17 parcelas están 'congeladas' por el Ayuntamiento sin que la Generalitat reclame
El resultado es el incremento desbocado de matrícula del 30% al 60% en la red privada
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Solamente en un cuatrienio -entre 1996 y 2000- el equipo de gobierno municipal que dirige Rita Barberá recalificó en un total de 24.692 metros cuadrados de suelo dotacional escolar en los principales puntos neurálgicos de las 12 zonas de Valencia donde el boom inmobiliario arrasa desde finales de los años 90. Esas son las zonas donde en la actualidad no están construidos los colegios previstos.

Estos 24.669 metros cuadrados recalificados suponen el 10% del conjunto de suelo dotacional escolar que había sido reservado dentro del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), y que contemplaba un volumen total de 269.909 metros cuadrados para colegios. Se trata de 29 parcelas-propiedad del Ayuntamiento de Valencia- reservadas para construir los centros educativos necesarios previstos en esos 12 nuevos barrios en expansión.

La planificación urbanística inicialmente se hizo, pues, pensando en los servicios básicos de 30.000 habitantes más previstos en el conjunto de 21.4777 viviendas nuevas construidas o con licencia que se están haciendo entre la nueva avenida de Francia, los sectores A y B de Ademuz, Campanar Norte y Sur, Quatre Carrerres, Benicalap Norte y Sur, Moreras, Beniferri y Orriols.

Sin embargo, la falta de planificación educativa de la Generalitat y la gestión del Ayuntamiento -que ha bloqueado parcelas escolares y suprimido solares enteros del PGOU- ha dejado un saldo actual de 17.337 viviendas terminadas y 7.000 niños y jóvenes más de entre 3 y 18 años (es decir, en edad de escolarización obligatoria) establecidos en esos 12 distritos donde en 10 años sólo se han construido cuatro centros educativos (uno de ellos financiado por un agente urbanizador en 2004). Otro centro se ha construido en Benicalap y desde 2001 está saturado.

El resto de parcelas escolares previstas inicialmente -17 además de las siete primeras recalificadas para viviendas- siguen a fecha de hoy "congeladas por el Ayuntamiento", y "sin que la Generalitat Valenciana las haya reclamado para hacer colegios", sintetizó ayer el edil socialista Rafael Rubio.

El resultado ha sido una ruptura del equilibrio de la matrícula entre la red pública y privada en favor de ésta última, precisamente, en aquellas zonas cuyo suelo se recalificó entre 1996 y 2000. Los distritos afectados son son la trama de la nueva avenida de Francia (donde se recalificaron 3.323 metros cuadrados); el sector UE-A de Ademuz (con otros 3.149 metros cuadrados); el sector UE-B también de Ademuz donde se recalificaron dos parcelas escolares más de 1.514 y 1.891 metros cuadrados; y los distritos de Beniferri (con una reserva de 5.503 recalificada), Campanar Sur (con 2.590) y Orriols (con otros 6.812 metros cuadrados cedidos a la academia privada Marni).

La finalidad de las recalificaciones fue en prácticamente todos los casos "edificar viviendas de renta libre", con la notable excepción de otra reserva escolar "recalificada para un iglesia" en la misma avenida de Francia. El resultado de esta "extraña política de recalificaciones difícil de explicar", subraya el concejal Rubio, "ha sido una perversión del sistema en detrimento de la red pública de enseñanza" y el incremento desbocado de la matrícula en los centros educativos de titularidad privada, pero sostenidos con dindero público, que ha pasado de tener un peso del 30% en la década pasada al 60% actual.

Un estudio realizado por el grupo socialista con los datos oficiales del Consejo Escolar de Valenci

a, confirma que de 111.328 alumnos matriculados este año en Valencia en todos los niveles (Infantil, Primaria, ESO, Bachilleratos y FP), 61.789 ya se están formando íntegramente en la red concertada, frente a los 49.306 que estudian en el sistema público.

Pla, la candidata Carmen Alborch y el edil Rafael Rubio, ayer.
Pla, la candidata Carmen Alborch y el edil Rafael Rubio, ayer.CARLES FRANCESC

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