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Editorial:
Editorial
Es responsabilidad del director, y expresa la opinión del diario sobre asuntos de actualidad nacional o internacional

Disciplina antialcohólica

Apoyado en encuestas que arrojan resultados inquietantes sobre la edad de inicio de consumo de alcohol -al parecer, ha bajado ya hasta los 13 años en España-, el Ministerio de Sanidad prepara un anteproyecto de ley que reprimirá duramente su consumo entre los jóvenes. Hasta donde se conoce del texto, la disciplina estricta comenzará con la prohibición de vender alcohol a los menores de 18 años, la prohibición a los adultos de que consuman alcohol en presencia de menores en los centros de protección y atención a menores, instalaciones deportivas o recreativas y centros de enseñanza hasta Formación Profesional, e impedirá la venta de alcohol a partir de las diez de la noche y hasta las ocho de la mañana. La presión se acompaña con un amplio y oneroso cuadro de sanciones, que pueden llegar hasta los 600.000 euros en las faltas muy graves -vender alcohol en centros educativos-, e incluye informar a los padres de las infracciones cometidas.

Cuando entre en vigor, la ley llevará a los llamados botellones, ruidosas e incontroladas fiestas con bebidas en las plazas y calles de España, a desaparecer poco a poco. La pauta general admisible en este tipo de legislación restrictiva -como la que atornilla el consumo de tabaco- es que las buenas intenciones y la certeza de que el consumo de alcohol es un problema entre los menores no se transforme en una excusa para una persecución inquisitorial sin barreras. Una de las razones para la prudencia higienista es el coste de aplicación estricta de la norma. Otra, más importante, es que el consumo de alcohol entre los menores de 18 años está relacionado con la presencia de pautas culturales difíciles de erradicar en su totalidad.

Sin duda, es útil disponer de una ley que pueda aplicarse con firmeza. Será más efectiva, y su aplicación menos costosa en términos políticos y sociales, si además se aplican políticas más amplias de disuasión del consumo -de alcohol y de drogas- que persuadan a los menores a variar sus métodos de ocio. Esas políticas son más difíciles y pesadas. Atañen a los padres, pero sobre todo a los centros educativos, donde los niños y adolescentes pasan la mayor parte del día.

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