"No tendríamos la riqueza que tenemos sin inmigrantes"

Juan José López Garzón (1948, Baeza, Jaén) destaca la aportación de los inmigrantes a la economía española y, sobre todo, a la andaluza. El delegado del Gobierno en Andalucía reclama solidaridad de las comunidades autónomas con los traslados de inmigrantes a la Península.

Pregunta. Andalucía era foco de entrada principal de la inmigración más dramática, la que llega en pateras, un fenómeno que parece que ahora se ha trasladado a Canarias. ¿Por qué ocurre esto?

Respuesta. Fundamentalmente está la procedencia geográfica de las embarcaciones. También es clave el esfuerzo que se ha hecho para cerrar la vigilancia de toda la costa andaluza mediante el sistema de vigilancia exterior (Sive). Ya sólo nos queda Huelva por tener las instalaciones fijas del Sive. Puedo adelantar que ya han sido adjudicadas y a finales de este año o principios de 2007 va a empezar la instalación.

"La inmigración debe ser ordenada, legal y estar relacionada con las opciones de empleo"

"Las comunidades deben ser solidarias con los traslados de inmigrantes"

P. ¿El Sive ha tenido sobre todo un efecto disuasorio?

R. Además de disuasorio,el Sive tiene otros requisitos. Uno fundamental es que salva vidas humanas. Uno de los grandes problemas es que las embarcaciones son precarias y cuando no teníamos el Sive, a veces se llegaba tarde. Ahora se ven las embarcaciones con mucha distancia y se prevé inmediatamente interceptarlas y socorrer a los inmigrantes si es necesario. El número de accidentes en la mar ha descendido.

P. ¿Se ha notado el descenso de la llegada de inmigrantes a las costas andaluzas con el Sive?

R. En 2005, hubo una importante caída respecto a 2004, que fue cuando culminó la instalación del Sive. A día de hoy, tenemos una cifras similares respecto a 2005. Si unimos todas las provincias, en 2006 han sido detenidos 7.428 inmigrantes ilegales, unos 400 más que en el mismo periodo de 2005.

P. Sorprende el aumento de menores que llegan en patera.

R. Se están dando casos dramáticos, como que entre una familia y deje al menor en el centro de la Junta de Andalucía. Hay que partir de una base: el menor, o la familia, piensa que va a tener mejores condiciones de vida que en su país. Hay que evitar eso y darles futuro en su país de origen. A día de hoy, el problema de los menores es que una vez que son acogidos en las instalaciones de la comunidad autónoma, que es la que tiene competencias en la protección de menores, se van acumulando respecto a los que ya estaban. En 2006 han llegado a Andalucía un 13,5% de menores menos que en 2005, pero se acumulan y se va agravando el problema. En 2006, llegaron 471 menores y en 2005, 547.

P. La Junta alega que tiene en sus centros más menores que Canarias y reclama el mismo trato.

R. La Junta está soportando una presión importante. El lunes hay una reunión en Madrid del Ministerio de Trabajo con las comunidades autónomas y ahí van a encontrar formas de dar respuesta a estas necesidades y resolver esa presión.

P. ¿Y cómo se resuelve esa presión?

R. Por una parte, debe haber recursos económicos suficientes. Los menores, donde mejor están, es con su familia y en su país de origen. Además, hay que redoblar esfuerzos para tener centros que puedan acoger a los menores en estado de necesidad en los propios países. España está tratando de llegar a acuerdos con Marruecos para construir en el norte de este país algún centro de atención de menores. Para reagrupar a los menores con sus familias, éstas tienen que estar localizadas y debe haber garantía de que van a tener la atención adecuada.

P. Algunas comunidades se quejan del traslado de inmigrantes a la península. ¿Están justificadas estas quejas?

R. Tiene que haber solidaridad entre todas las comunidades. A algunos sectores se les llena la boca hablando de la nación única y es en estos casos cuando se nota la solidaridad y que somos una nación con un proyecto común. Los traslados se hacen para disminuir la presión que sufre en este caso Canarias. La Junta está informada cada vez que hay traslados a Andalucía. En lo que va de año han llegado unos 2.900 inmigrantes.

P. ¿Existe el denominado efecto llamada?

R. El mayor efecto llamada es que exista la posibilidad de poder trabajar ilegalmente. Por eso tenemos un sistema de inspección que pretende evitar que haya trabajo ilegal. La experiencia nos confirma que gran parte del trabajo ilegal termina en explotación.

P. ¿Por qué ha recalcado el Gobierno en las últimas semanas que no va a haber más regularizaciones extraordinarias?

R. El Gobierno ha recalcado que la inmigración tiene que ir ligada a la legalidad. Primero, para cortar el tráfico ilegal de personas y las mafias que se forman alrededor. El desempleo lleva a la marginación. La inmigración tiene que ser ordenada, relacionada con las posibilidades de empleo y legal. La decisión del Gobierno es que los que no reúnan esos requisitos vuelvan a su país.

P. Pero las repatriaciones no son sencillas.

R. Se está haciendo un esfuerzo con los países que han dificultado esas repatriaciones o no las han aceptado.

P. ¿Qué aportan los inmigrantes a la economía?

R. En España, es importantísima. En Andalucía, si no tuviéramos la mano de obra inmigrante en Almería, Huelva o en los servicios de hostelería en la costa, no tendríamos la riqueza que tenemos. En Huelva, todos los años nos traemos como mínimo a 30.000 personas a recoger fresas. Si esas 30.000 personas no viniesen se arruinarían decenas de pequeños empresarios onubenses. Son imprescindibles.

P. ¿El mercado laboral andaluz puede seguir absorbiendo inmigrantes?

R. El mercado laboral andaluz, al ritmo que va creciendo la economía, necesita inmigrantes que entren en condiciones de legalidad.

P. ¿Qué pensó cuando conoció las denuncias de abusos sexuales de policías a inmigrantes en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Málaga?

R. Partiendo de la presunción de inocencia de las 9 personas imputadas, no cabe duda de que ser persona uniformada y actuar así sobre personas que están en inferioridad de condiciones es un abuso de poder inadmisible. No obstante, se trata de un caso absolutamente aislado. Además, no pasaron 48 horas desde que se tuvieron conocimiento de los hechos y siete ya estaban a disposición judicial y separados del servicio.

P. ¿Por qué fueron expulsadas de España varias testigos?

R. Hay 10 mujeres relacionadas con el caso en calidad de testigos. Las 10 tenían expediente de expulsión y por eso estaban en el CIE. La orden de expulsión sólo se puede paralizar por motivos legales. Las autoridades policiales se pusieron en contacto con la autoridad judicial y se le consultó su opinión. La autoridad judicial dijo que de esas 10 personas, tres no deberían ser expulsadas porque todavía podían aportar algo importante al sumario y que las otras siete no había ningún inconveniente en que fueran expulsadas.