Camps presume de recaudar más, cobrar menos y reducir el déficit

Un exultante Gerardo Camps, consejero de Hacienda, monopolizó ayer la comparecencia tras el pleno del Consell para celebrar los datos de déficit que la Intervención General del Estado atribuyó el miércoles a las comunidades autónomas para el ejercicio 2005. La Generalitat tuvo un déficit de 271 millones en 2005, 480 millones por debajo de lo previsto. La "espectacular" reducción del déficit entre 2003 y 2005 anticipa en dos años el objetivo de estabilidad presupuestaria pactado con el Gobierno. Camps presumió de recaudar más y cobrar menos.

La Generalitat ha recortado en 480 millones el desfase presupuestario

Sobre el papel, la evolución de las cuentas de la Generalitat desde 2003 es sobresaliente. Vicente Rambla, predecesor de Camps al frente de Hacienda y actual portavoz del Consell, mantuvo el semblante mientras su colega explicaba que el déficit de la Generalitat en 2003 era de 971 millones, "el 50% del déficit acumulado por todas las autonomías", apuntó Camps.

Sólo dos años después de que tuviera que ceñirse a un programa de estabilidad presupuestario acordado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -el órgano que preside Pedro Solbes y agrupa a los consejeros de Hacienda de todas las autonomías-, la Generalitat ha recortado en 480 millones las previsiones y ha cerrado 2005 con el desfase presupuestario previsto en 2007. Mientras, Cataluña o Galicia, también sujetas a un programa de estabilidad, mantienen un déficit similar al de 2003.

"El déficit de la Generalitat en 2005 es el 11% del conjunto del déficit autonómico", subrayó ayer Camps.

¿La receta? "Hemos recortado los gastos y nos hemos visto beneficiados por una notable mejora de los ingresos presupuestarios", dijo Camps. Por un lado, se han disparado los ingresos generados por el impuesto de actos jurídicos documentados, que gravan la compra de vivienda. Por otro, la rebaja del impuesto sobre sucesiones ha provocado una avalancha de regularizaciones de herencias que no se habían notificado en ejercicios anteriores.

Camps aprovechó la última reunión del CPFF para interpelar a Solbes sobre la posibilidad de extender a otras autonomías el alza de inversión estatal, de unos 400 millones de euros, prevista en Cataluña para 2007.

Solbes aludió a dos condiciones. Cataluña ha recibido durante los últimos quince años unas inversiones estatales inferiores a su aportación a la riqueza nacional. Lo mismo que la Comunidad Valenciana. En segundo lugar, el Estatuto de Cataluña, con rango de ley, establece que, en esas condiciones, el Estado destinará a la región una inversión equivalente a la aportación de Cataluña a la riqueza nacional.

La respuesta de Solbes, según Camps, desató un debate entre consejeros de Hacienda que plantearon distintas redacciones de sus nuevos estatutos. El extremeño sugirió que la inversión estatal sea inversamente proporcional a la aportación regional al Estado; el gallego aludió a la dispersión de la población; el castellano leonés a la extensión del territorio; etcétera, etcétera.

"La decisión del Gobierno", sentenció Camps ayer, "no se sustenta ni en condiciones económicas ni jurídicas, rompe con la solidaridad entre comunidades autónomas y supone la existencia de ciudadanos de primera y de segunda". Sólo la revisión del actual modelo de financiación, deslizó el consejero, permitiría al Gobierno evitar que la financiación autonómica, que es competencia del Estado, venga fijada por los estatutos de las distintas comunidades autónomas.

Camps aprovechó para interpelar al secretario general del PSPV, Joan Ignasi Pla, y sugerirle que debe censurar al Gobierno socialista antes que al presidente de la Generalitat.

Alicia de Miguel, consejera de Bienestar Social, disfrutó de un cuarto de hora para anunciar la aprobación de dos anteproyectos de ley, el de renta garantizada y, en colaboración con Infraestructuras, el de accesibilidad al sistema de transportes.

El anteproyecto de renta mínima deriva del nuevo Estatut y ha sido pactado con los agentes sociales. El Consell fija entre 350 y 560 euros al mes la cuantía de la ayuda a la que podrán acceder durante un plazo máximo de tres años los residentes en la Comunidad Valenciana que vivan en condiciones de pobreza extrema. Bienestar Social carece de una estimación sobre el posible número de beneficiarios de la futura renta garantizada.

El Consell, según una fuente oficial, tuvo conocimiento de una encuesta sobre intención de voto de los valencianos que arroja para el PP unos resultados "similares o mejores" a los de las últimas elecciones autonómicas.