El Gobierno revisará a la baja el plazo en que Endesa debe mantener su estructura

El Gobierno está dispuesto a reducir el plazo de 10 años impuesto a E.ON por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) para que mantenga la actual estructura societaria de Endesa, aunque cree que una empresa con menor autonomía de gestión aumentaría los riesgos para la seguridad del suministro. La CNE estableció que, durante una década, Endesa debía preservarse como sociedad matriz cabecera del grupo. E.ON no impugnó la condición, pero alegó en su recurso de alzada ante Industria que este periodo era excesivo y sugirió que no debería superar los cinco años. El Gobierno se aviene a negociar.

España está abierta a una revisión del plazo pese a que subraya que, en materia energética, no existe libertad para decidir la estructura de un grupo empresarial y que ya existen límites legales, como la obligación de separar la distribución y el transporte.

El Ejecutivo otorga gran importancia a la autonomía de gestión de Endesa, teniendo en cuenta el peso de esta empresa en un país con una enorme dependencia energética del exterior (del 76,4%, frente al 49,5% en la Unión Europea), con una demanda disparada y con problemas para asegurar el suministro en horas punta. La eléctrica produjo en 2005 el 42% de la electricidad con carbón autóctono, el 42% de la hidráulica y el 42% de la electricidad de origen nuclear.

Este es uno de los argumentos con los que el documento enviado el pasado miércoles a la Comisión Europea anticipa que E.ON lo tendrá más fácil para intentar comprar Endesa. Industria también se planteará introducir un límite temporal (tres años, en el caso de Gas Natural), cuando se le pide que la empresa cumpla con un ratio de servicio de la deuda menor que 5,25. Y el Gobierno ve plausible abandonar la idea de que incumplir las condiciones de la CNE pueda derivar en la revocación de la compra de Endesa en un año.

Pero el plato fuerte de la flexibilización de condiciones se centra en la venta forzosa de los negocios insulares y extrapeninsulares de Endesa (Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla), en el abandono obligado de la gestión de las centrales nucleares en las que participa la eléctrica, en la enajenación total de Ascó I y en la cesión de las centrales de carbón (Compostilla, Complejo Minero Eléctrico de Teruel y la participación en Anllares).

En todos esos casos, el Ministerio de Industria deberá buscar alternativas que no impliquen desinversiones pero que logren el consumo de carbón nacional, la realización de inversiones suficientes y la garantía del suministro, según el documento. Y ello a pesar de que, en su argumentario, el Gobierno sostiene que, si Endesa entra en un grupo más grande para el que el mercado energético español pierde peso proporcionalmente, E.ON puede acabar tomando decisiones a corto plazo (en inversiones o, por ejemplo, en el abastecimiento de combustible a las centrales nucleares) que pongan en peligro el abastecimiento en España.

En el caso de la generación eléctrica nuclear, que supone un 10,7% de la potencia total instalada pero que cubre el 23% del consumo en la península ibérica, el sistema que regula el funcionamiento de las centrales alemanas es distinto del español.