La Generalitat pide 6 años de cárcel para el ex consejero Farreres por los informes falsos

La abogada de la Generalitat ha solicitado penas que suman 6 años de cárcel y 22 años de inhabilitación para el ex consejero de Trabajo en la época de CiU Ignasi Farreres, al que acusa de encargar informes que se copiaron de tratados jurídicos y que costaron 46.158 euros. La Generalitat acusa a Farreres de malversación, prevaricación, falsedad en documento oficial y negociaciones prohibidas, y se afirma que el ex consejero actuó con el ánimo de favorecer a unas empresas que eran de militantes de Unió Democràtica, el partido al que él también pertenece.

Farreres será, con toda probabilidad, el primer consejero de los gobiernos de CiU que se siente en el banquillo por el ejercicio de su cargo. En su caso, fue titular de Trabajo entre 1988 y 1999. La Generalitat ejerce la acusación como parte perjudicada por decisión del anterior consejero de Trabajo del tripartito, Josep Maria Rañé.

El escrito de acusación también se dirige contra Josep Maria Servitje, secretario general del departamento, y contra Víctor Lorenzo Acuña, propietario de Socesca y Gestumer, las empresas beneficiarias. La Generalitat solicita para ambos la misma pena de seis años de cárcel y acusa también por los mismos cargos a Santiago Vallbé, administrador de ambas sociedades.

La Generalitat recuerda que a estas cuatro personas les unía "su común militancia en el partido político UDC", una expresión utilizada por el fiscal del caso, Fernando Rodríguez Rey, cuando ejerció la acusación en el caso Turismo. En aquel juicio ya fueron condenados Lorenzo Acuña y Vallbé por hechos muy parecidos a los de este asunt

o. Pau Molins calificó el escrito de la Generalitat de "absolutamente desproporcionado" y aseguró que "a las puertas de las elecciones autonómicas, esa era una oportunidad que no iban a desaprovechar", en referencia a una supuesta utilización del pleito judicial con intereses políticos.

Silencio de Unió

Molins es militante de CDC y fue el abogado que redactó la fallida querella por injurias presentada por este partido contra el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, a raíz de las acusaciones del cobro de comisiones del 3%, querella que después fue retirada. Unió declinó ayer realizar cualquier comentario sobre el escrito de acusación de la Generalitat.

El abogado defensor recordó ayer que durante la instrucción de este caso Acuña presentó un escrito en el que se inculpaba por completo de los hechos y exculpaba al resto de las personas. Además, Acuña devolvió el dinero que cobró en su día de la Generalitat. Esta acción le podría comportar una reducción de la pena en caso de condena si el tribunal apreciara en su día la circunstancia atenuante de reparación del daño causado, en este caso la malversación de fondos.

En el escrito de la Generalitat se asegura que los acusados emplearon dinero procedente de las partidas del Fondo Social Europeo para pagar los estudios y de los presupuestos del departamento. Todos los estudios fueron encargados en el año 1995 por el consejero Farreres a propuesta del secretario general. Cuatro de esos informes, por un valor total de 23.500 euros, se concedieron directamente a Gestumer, SL, empresa que no tenía ninguna relación con la Generalitat y que, según el escrito, únicamente fue creada para distraer fondos públicos.

Los otros cuatro estudios también se adjudicaron directamente a Gestumer, SL, y a Socesca, SL, por un valor de 5.577,39 euros cada uno. La Generalitat considera que Farreres y Servitje actuaron de común acuerdo con Acuña y Vallbé para que éstos confeccionasen unas facturas y unos presupuestos "con el exclusivo fin de aparentar una relación jurídica" y una prestación de servicios con la que en realidad sólo se pretendía desviar fondos.