¿Dónde estamos?

El proceso que debería desembocar en el fin de la violencia terrorista de ETA, ¿en qué punto se encuentra? ¿Ante "momentos trascendentales", como dijo Zapatero, o en "situación de bloqueo", como afirma Otegi? Tal vez las dos cosas a la vez, de forma que sea lo primero lo que determine lo segundo: ETA y Batasuna saben que pronto tendrán que tomar decisiones de las que no podrán retroceder fácilmente, y eso les lleva a aplazar aquellos pasos de los que depende el inicio del siguiente capítulo.

Horas después de que ETA emitiera, el 18 de agosto, su amenaza de "responder" si las cosas no se enderezaban en el sentido que esperaba, Batasuna difundía un comunicado en el que acusaba a los socialistas de estar "desfigurando el carácter político del proceso". Pero es ETA quien desfigura y hace imposible el debate político al introducir la amenaza de la violencia. El mensaje etarra, ratificado por Batasuna sin objeciones, ha sido interpretado por los encapuchados como orden de quemar autobuses. Ahí estamos.

Ahora dice Otegi que el Gobierno sólo busca la "rendición" de ETA (dando largas a la constitución de la mesa de partidos), y la "humillación" de Batasuna (pretendiendo hacerles pasar por la Ley de Partidos para legalizarse). No puede haber negociación si uno de los interlocutores amenaza con disparar si no se le da la razón. Y la negociación de una reforma del marco político en una mesa extraparlamentaria (lo que ya es una concesión, motivada por la ausencia de Batasuna de las instituciones) sólo es posible si todos los interlocutores aceptan acatar la legalidad y las reglas de juego, como ocurriría en cualquier Parlamento. Pero Batasuna no sólo no la acata, sino que considera una humillación tener que renunciar a la violencia para recobrar la legalidad. Por una parte, por tanto, ETA se considera con derecho a volver a actuar, y, por otra, Batasuna pretende que se le acepte como interlocutor sin renunciar a nada: ni siquiera a su condición de brazo político de ETA, razón por la que fue ilegalizada (y a la vez, suspendida judicialmente en aplicación de la legislación penal).

En esas condiciones, ¿convendría realizar alguna concesión (flexibilización de la Ley de Partidos, acercamiento de presos) para desbloquear la situación, como sostienen algunos nacionalistas? Es dudoso, al menos mientras ETA y Batasuna mantengan su pulso por hacer que sea el Estado democrático quien renuncie a aplicar la ley (en la persecución de las tramas de extorsión, celebración de juicios pendientes, etcétera) como condición para iniciar el previsto diálogo, y sin que ellos den el paso de abdicar de la violencia. Una concesión ahora sería interpretada como prueba de que la amenaza hace retroceder al Estado, y eso sólo puede favorecer a los sectores más intransigentes de ese mundo y retrasar los pasos que todos, también Otegi, saben ineludibles.