El Poder Judicial percibe sólo falta leve en el error de Del Olmo

La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial consideró ayer por tres votos contra dos que el error del juez Juan del Olmo que originó la posterior puesta en libertad de Saed el Harrak, uno de los imputados en los atentados del 11-M, constituye una posible falta leve que debe ser corregida por la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional. Los dos vocales elegidos por el PP pidieron que el juez fuera castigado por falta muy grave.

La política apareció de nuevo en la resolución de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial. Los vocales progresistas de la comisión Ángeles García y Monserrat Comas, junto con el independiente Agustín Azparren consideraron que los hechos -un error de fechas del juez Juan del Olmo en el auto de procesamiento que generó posteriormente la puesta en libertad de Saed El Harrak- no constituía una desatención o dejadez del juez, sino un error puntual.

Sin embargo, los vocales elegidos a propuesta del PP Carlos Ríos y Enrique Míguez, se aferraron a los argumentos del informe de la inspección del Consejo y pidieron que Del Olmo fuera castigado con falta muy grave, que hubiera supuesto, muy probablemente, su salida de la Audiencia Nacional o incluso de la carrera judicial. Míguez, que en una reunión anterior había afirmado que los hechos no merecían reproche disciplinario, sino el archivo del expediente, cambió el sentido de su voto y reclamó la sanción más grave.

Los hechos son sencillos. En una vorágine de casi 1.500 folios de auto de procesamiento el juez Del Olmo decidió mantener en prisión a 29 de los imputados y los procesó por diversos delitos. El juez celebró varias vistillas para prorrogar la prisión preventiva hasta cuatro años para varios de ellos a los que les vencía el plazo ordinario de dos años.

Pero en el caso de Saed el Harrak, el juez había programado esa vistilla para el 16 de mayo de este año, cuando el plazo cumplía el día 6. Al mismo tiempo, el magistrado tuvo que tomarse una baja para operarse de una dolencia en la vista.

Transcurrido el plazo, su sustituta, Teresa Palacios, tuvo que poner a Harrak en libertad.

Efectivamente, la puesta en libertad del islamista fue producto de un error. El juez quería mantenerlo en prisión y así lo anticipa en el auto de procesamiento. Pero si hubiera decidido ponerlo en libertad no hubiera pasado nada. Porque Saed el Harrak es un procesado menor. No sólo no fue uno de los autores materiales de los atentados, sino que ni siquiera es notoriamente importante. El juez le acusa de colaboración con banda terrorista islamista, pero ni siquiera de pertenencia a la banda terrorista.

Castigar al juez

Del Olmo podía haberle dejado en libertad provisional y muy probablemente nadie hubiera recurrido la decisión. Pero Del Olmo quería que siguiera en prisión y por tanto es un error.

Y a partir de ahí, la política. El Partido Popular y su coro mediático quieren castigar a Del Olmo porque no ha respaldado sus tesis conspirativas de que ETA está involucrada en los atentados del 11-M, a pesar de que no haya un solo indicio que la respalde.

Los socialistas, por el contrario, quieren que el juez acabe de una buena vez las diligencias pendientes y que eleve el sumario a la Sala de lo Penal, para que la causa pueda juzgarse dentro del plazo legal que permita que en caso de que los acusados sean condenados, no haya que poner a alguno de ellos en libertad por haber transcurrido los cuatro años de prisión preventiva como ocurrió con el caso de la célula española de Al Qaeda.

Lo curioso del caso es que los vocales conservadores, de acuerdo con el informe de la Inspección del Consejo, pretendiera castigar a Del Olmo con falta muy grave de desatención al sumario, es decir de permanente abandono o dejadez, lo que parece evidente que no es más que un error puntual, con la posibilidad real de que el magistrado tuviera que abandonar la Audiencia Nacional o quizá la carrera judicial. Y eso que Míguez, que era el ponente del caso, había propuesto el archivo del asunto en un primer momento. Parece que los contundentes argumentos del informe de la Inspección le han convencido, porque no ha explicado su cambio de postura.

En todo caso, ahora será la Sala de Gobierno de la Audiencia Nacional la que deberá decidir si los hechos le merecen la consideración de falta leve o si por el contrario, archiva las actuaciones.